NI UNE MENOS. Demandas de políticas públicas, Masacre de Barracas y un femicidio cada 24 horas en Argentina

Rocío Liébana, trabajadora social e integrante de la Asamblea Transfeminista de Tandil, comenzó relatando los eventos de la primera convocatoria de "Ni Una Menos". Describió cómo esta marcha ha evolucionado tanto en la convocatoria como en las discusiones que se desarrollan en la plaza. Luego de nueve años, la revisión es a escala nacional, evaluando avances y retrocesos en las demandas y reflexionando sobre cuánto se ha logrado y cuánto está en riesgo. Liébana subrayó que el objetivo inicial de la marcha no era solo generar consenso contra el femicidio, sino también promover políticas públicas específicas que aborden las violencias de género desde sus raíces: las desigualdades de género.

Cuando la consigna es no matar es muy obvio, convocante y claro. Pero cuando se empieza a discutir todos esos micro actos que en muchos casos llevan a un contexto que facilita el feminicidio o justifican la violencia, hay menos convocatoria.

Ni une menos: inclusión de mujeres y diversidad sexual

Liébana explicó que la consigna "Ni Una Menos" ha evolucionado para incluir a mujeres y personas de la diversidad sexual. Esta lucha busca establecer las violencias de género como un problema estructural, abarcando violencia mediática, obstétrica y el derecho al aborto, entre otros. La consigna pasó de "vivas nos queremos" a "vivas y libres", significando una continua búsqueda de libertades en un mundo desigual. Liébana advirtió que, sin abordar las desigualdades de género, la consigna se vuelve tan ficticia como la promesa de "Pobreza Cero" del macrismo. Desarmar estas desigualdades es esencial para una sociedad donde no se mate por motivos de género.

Feminismo: enemigo del gobierno

El feminismo es visto como un enemigo por el gobierno actual, que fomenta la violencia política y ataca a los movimientos feministas. Ya que este movimiento discute la redistribución de ingresos, tiempo y recursos, claves que son macroeconómicas. En un contexto donde se opone a la Ley de Bases, el feminismo busca una sociedad sin femicidios, estableciendo puentes para explicar la conexión entre el tipo de sociedad y la violencia de género.

"Para llegar a una sociedad donde las mujeres no mueran por motivos de genero tenes que desarmar las desigualdades de género. Ese es un ejercicio que hoy lo hacemos en un contexto de muchísima violencia política en donde el gobierno incentiva constantemente a la violencia e incluso ataca a los feminismos como un enemigo en particular."

Estadísticas alarmantes: una muerte cada 24 horas en Argentina

Liébana destacó que, según el Observatorio de la Casa del Encuentro, hubo 127 femicidios, incluyendo travesticidios y el lesbicidio de tres mujeres en Barracas. Esta violencia, basada en motivos de género, requiere la intervención del Estado con políticas específicas. Anteriormente, programas como "Acompañar" ofrecían un salario mínimo para víctimas de violencia de género, pero estos programas ahora están desfinanciados, lo cual es una problemática urgente que debe abordarse con coherencia social.

Femicidios vinculados: el ataque a mujeres y sus hijos

Liébana subrayó que, aunque cada caso de femicidio tiene factores individuales, la explicación es social. La reflexión sobre los actos violentos debe considerar el contexto social y las desigualdades de género que los facilitan.

El presente del Ministerio de las Mujeres

Finalmente, Liébana criticó la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, que ha sido reducido a una subsecretaría, desfinanciado y paralizado. Aunque no fue eliminado debido a compromisos internacionales, no tiene políticas de abordaje actuales. Liébana exigió responsabilidad del Estado en la construcción de una sociedad con menos desigualdades y una tarea enorme de reversión para asegurar una sociedad justa.

"El estado debe hacerse responsable de haber construido (o dejado construir) una sociedad en base a tantas desigualdades, es una tarea enorme de reversión, pero es una responsabilidad."

Por su parte Agustina Salvi, abogada y coordinadora de la Mesa Intersectorial para la Prevención y Abordaje de la Violencia Familiar y por razones de género de Tandil, un espacio que trabaja con instituciones, organismos y organizaciones sociales; también habló en este #3J

En este noveno año, volvemos a las calles para reclamar y frenar las violencias que hemos vivenciado. La principal preocupación es el desmantelamiento de las políticas públicas de género, especialmente las destinadas a prevenir las violencias por razones de género. Que en nuestro país haya un femicidio cada 24 horas es una cifra record, además está legitimado por un gobierno que apoya discursos de odio y desfinancia programas de prevención.

No solo existen normativas nacionales que obligan al Estado en materia de derechos, sino también internacionales, como la Convención de Belém do Pará y las 100 Reglas de Brasilia. Estas normas obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia y a sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y disidencias. El Estado debe trabajar en la prevención y creación de políticas públicas con perspectiva de género.

Cuando el Estado ajusta y no protege, genera una población empobrecida. Un Estado que no acompaña ni reconoce nuestras historias no cumple con las mandas internacionales de Derechos Humanos.