UTEP. Sin salario y sin respuestas: la economía popular de Tandil en pie de lucha

Alonso explicó que la situación fue visibilizada en una conferencia realizada en el centro de la ciudad: "Hoy realizamos una conferencia abierta y pública en Pinto y Rodríguez para visibilizar y también denunciar y repudiar la situación de ajuste que viene enfrentando nuestro sector, que no es nuevo".

En ese sentido, apuntó directamente contra las medidas nacionales: "Desde que asume el gobierno de Javier Milei, viene teniendo políticas hacia nuestro sector, desde los alimentos para los comedores comunitarios hasta el ajuste al cooperativismo y medidas que afectan al reciclado".

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la eliminación del salario social complementario. "Fue una conquista del 2016 con la Ley de Emergencia Social, que garantizaba un piso de dignidad", recordó Alonso, y agregó: "Representaba el 50% del salario mínimo. Con este gobierno se congeló y perdió más del 70% de su poder adquisitivo".

Ahora, la situación se agrava: "El Ministerio anunció que este mes es el último cobro. Más de un millón de personas en el país y mil familias en Tandil se van a quedar sin ese ingreso".

Además, advirtió sobre el impacto directo en la economía local: "Son 78 millones de pesos que dejan de circular en Tandil, porque ese dinero se consume en los comercios de cercanía".

Para la dirigente, las consecuencias son profundas: "El impacto es doble: por un lado se rompe el tejido social, porque donde no llega el Estado llega la economía popular organizada con comedores, cuidado de infancias y acompañamiento social".

También cuestionó la propuesta oficial de reconversión laboral: "Nos dicen que hagamos cursos y salgamos a buscar trabajo, pero estamos en un contexto de recesión, inflación y despidos. El trabajo en la economía popular no va a desaparecer, al contrario, está creciendo".

En la misma línea, remarcó: "Una transferencia de recursos que se le quita a la economía popular termina en grandes empresas".

Por su parte, Valeska Galaz puso el foco en el impacto cotidiano: "Se van a quedar sin ese ingreso básico y también sin ese reconocimiento. Es el último escalón de dignidad. Es sacarte lo poco que tenías para pagar la luz o una garrafa".

Además, describió el crecimiento de la crisis social: "Aumentó la gente en los comedores y cada vez hay más personas que salen a la calle a rebuscársela".

Galaz también defendió el rol del sector: "Las tareas que realizamos son las del tejido social: comedores, cuidado de infancias, reciclado, construcción, espacios públicos".

Y agregó: "El desfinanciamiento implica más informalidad. Cada vez más personas caen en esa situación, pero nosotros organizamos ese trabajo y generamos nuestras propias oportunidades en momentos de crisis".

En cuanto al funcionamiento interno, destacó el valor de las cooperativas: "Son espacios donde los trabajadores deciden cómo trabajar. Hay contención, si un compañero no puede ir otro lo cubre. Eso no existe en otros trabajos".

Finalmente, ambas referentes coincidieron en la necesidad de una respuesta colectiva: "Esto es el inicio de un plan de lucha. Tenemos que organizarnos, unificar las luchas y fortalecer los gremios".

La convocatoria contó con el respaldo de numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas de la ciudad, que acompañaron el reclamo frente a un escenario que, aseguran, profundiza la informalidad y golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.