Universidades. El Gobierno adelantó que se alcanzó acuerdo para una recomposición salarial

El Gobierno nacional informó este martes que alcanzó un acuerdo con representantes del sistema universitario para avanzar con una recomposición salarial destinada a docentes y no docentes de las universidades públicas, además de una actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles.

No obstante, mientras se oficializaron estos anuncios, continúa sin resolución judicial el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se precisó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta acuerdo que establece una recomposición salarial para el sector universitario.

Según detalló el Ejecutivo, se transferirán a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 24,33 por ciento. El aumento se aplicará en dos tramos: un 21,33 por ciento sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026, con impacto desde junio, y un 3 por ciento adicional en octubre sobre los básicos correspondientes a septiembre de este año.

Además de la cuestión salarial, el Gobierno anunció una actualización del 20 por ciento en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026. También informó que se destinarán 50.000 millones de pesos adicionales para los hospitales universitarios durante el próximo ejercicio presupuestario.

Cambios en becas y fondos para capacitación

En el mismo comunicado, el Ministerio de Capital Humano indicó que las Becas Manuel Belgrano tendrán una actualización del 50 por ciento desde junio de 2026, en una medida orientada a reforzar la asistencia económica destinada a estudiantes de carreras estratégicas.

Por otra parte, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. El Ejecutivo también señaló que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.

El conflicto judicial sigue abierto

Pese a estos anuncios, el conflicto por el financiamiento universitario no quedó completamente saldado. El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras del Congreso, continúa abierto en la Corte Suprema.

La normativa fue impulsada con el objetivo de establecer mecanismos de actualización para salarios, becas y gastos de funcionamiento del sistema universitario. Sin embargo, su implementación derivó en una disputa institucional que aún espera una definición del máximo tribunal.

De este modo, mientras el Gobierno anunció una serie de medidas destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades nacionales y recomponer los salarios del sector, la discusión de fondo sobre el alcance y la aplicación de la ley sancionada por el Congreso permanece en el ámbito judicial.