6 de marzo de 2026
El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, una reforma que introduce cambios profundos en el mercado de trabajo argentino y modifica aspectos centrales de la histórica Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
La norma había sido aprobada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero y fue oficializada mediante el Decreto 137/2026. La promulgación también lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La nueva legislación introduce modificaciones en el sistema de indemnizaciones por despido, redefine el concepto de relación laboral, crea fondos para afrontar contingencias laborales y establece un marco específico para trabajadores de plataformas digitales.
Cambios en el contrato de trabajo
Uno de los puntos centrales de la ley modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo al excluir expresamente a trabajadores independientes, prestadores de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad.
Además, redefine el concepto de trabajo como toda actividad lícita realizada para quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. También limita la presunción automática de relación de dependencia cuando existan facturación o pagos bancarios, un punto que genera debate en el ámbito laboral.
Indemnizaciones por despido
El nuevo artículo 245 establece que la indemnización por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.
La ley también determina que esa indemnización será la única reparación frente a la extinción del vínculo laboral, lo que en la práctica impide iniciar otras acciones civiles paralelas, salvo en casos de delitos.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral
La reforma crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios que deberán constituir los empleadores para afrontar futuras indemnizaciones.
Las contribuciones serán mensuales y obligatorias:
- 1% de la masa salarial para grandes empresas
- 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas
Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y comenzarán a regir el 1 de junio de 2026, aunque el Poder Ejecutivo podrá prorrogar su implementación por seis meses.
Régimen para plataformas digitales
La ley establece por primera vez un régimen específico para trabajadores de plataformas de movilidad y reparto, quienes serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia.
Las empresas deberán brindarles seguro de accidentes personales, capacitación y canales de reclamo, mientras que los prestadores mantendrán libertad para fijar horarios, conectarse cuando deseen o rechazar pedidos.
Cambios en huelgas y servicios esenciales
Otro punto sensible de la reforma es el aumento de los servicios mínimos obligatorios durante conflictos laborales.
En servicios considerados esenciales se deberá garantizar al menos el 75% de la prestación normal, mientras que en actividades de importancia trascendental el piso será del 50%.
Además, se amplía la lista de servicios esenciales para incluir telecomunicaciones, recolección de residuos, aeronáutica comercial y seguridad privada.
Incentivos al empleo formal
La ley también crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 2% durante cuatro años para empresas que registren trabajadores no formalizados o desempleados.
A su vez, el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) permitirá regularizar trabajadores con condonación de hasta el 70% de las deudas con la seguridad social.
Cambios que se aplicarán en 2027
Entre otras medidas, la norma establece que a partir del 1° de enero de 2027 quedarán derogados varios estatutos laborales especiales, como los de viajantes de comercio y periodistas, que pasarán a regirse por el régimen general.
También se aprobó el acuerdo para transferir la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proceso que se implementará de manera gradual mientras continúan las causas actualmente en trámite.
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