Politica . Promulgan la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspenden su aplicación por falta de fondos

El Gobierno nacional oficializó este lunes la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (27.793) mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. No obstante, su aplicación fue suspendida hasta tanto el Congreso defina cómo se financiarán las medidas que contempla la normativa.

La decisión se produce luego de que el Congreso de la Nación rechazara el veto presidencial y ratificara la ley con mayoría especial en ambas cámaras, obligando así al Poder Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

¿Qué establece la ley?

La Ley 27.793 declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla una serie de medidas orientadas a reforzar la protección y asistencia a personas con discapacidad:

* Creación de una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

* Declaración de interés público de los servicios de los prestadores.

* Compensación económica de emergencia financiada por el Tesoro Nacional.

* Actualización de aranceles con la fórmula de movilidad que rige para jubilaciones.

* Exención de contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad de forma permanente.

¿Por qué se suspendió su aplicación?

A pesar de la promulgación, el Gobierno de Javier Milei decidió postergar la entrada en vigencia de la ley, argumentando que no existen los fondos necesarios para implementarla. Según el Ejecutivo, el Congreso no definió las fuentes concretas de financiamiento, ni incluyó las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado que la ejecución dependería de que Diputados y Senadores asignaran los recursos necesarios en el Presupuesto 2026, cuyo proyecto fue enviado el pasado 15 de septiembre.

¿Cuánto costaría implementarla?

El Gobierno estimó que la ley tendría un costo total de $3 billones (0,35% del PBI) para el ejercicio fiscal 2025, incluyendo:

* $2,16 billones para la nueva pensión no contributiva.

* $574.200 millones para el Programa Incluir Salud.

* $278.323 millones para la compensación de emergencia a prestadores.

Para 2026, el gasto aumentaría a más del doble, llegando a representar 0,59% del PBI.

El Ejecutivo argumentó que ni siquiera destinando todas las partidas disponibles del presupuesto actual (unos $2,3 billones) se alcanzaría a cubrir el costo total estimado de la ley, y remarcó que "sería imprescindible aumentar el presupuesto nacional", algo que solo puede autorizar el Congreso.

Un conflicto entre urgencia social y restricciones fiscales

El Gobierno defendió su decisión de vetar inicialmente la ley mediante el Decreto 534/25, afirmando que una ampliación de derechos sin respaldo presupuestario "pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de atención". Sin embargo, el Congreso avanzó con la ratificación del proyecto original, lo que derivó en su promulgación forzada.

¿Qué sigue?

La ley está oficialmente promulgada, pero su implementación queda en pausa. Su entrada en vigencia dependerá de que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias, posiblemente durante el debate del Presupuesto 2026.