"No es una defensa de privilegios, es una defensa de nuestros derechos", afirman en el comunicado. Además, se destaca la paralización de más de 100 obras de infraestructura y la insuficiencia de los programas de asistencia a estudiantes, afectando la continuidad de los estudios de miles de jóvenes.
La comunidad universitaria marchó por las calles de Tandil para pedir que no se desfinancie el sistema académico y científico nacional, en general, y para que no se aplique el veto a la ley de financiamiento del sector, en particular. Lo hizo acompañada por las máximas autoridades políticas locales, pero también por referentes de organizaciones sociales y sindicales. Más de 10 mil personas recorrieron la calle Rodríguez y terminaron en la sede del rectorado.
La bandera principal encabezó la movilización, sostenida por el rector Marcelo Aba, el intendente Miguel Lunghi y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre. Los otros que la portaron fueron decanos, autoridades de los gremios que representan a los trabajadores tanto docentes como no docentes, y representantes estudiantiles. A lo largo de la gruesa columna se encontraron, además, concejales, funcionarios y dirigentes institucionales de los más diversos sectores.
El cierre de la movilización lo marcó la lectura de un documento elaborado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El documento
La comunidad universitaria de Argentina emitió un duro comunicado en el marco de una movilización nacional, alertando sobre la grave crisis que atraviesa el sistema universitario y científico del país. Desde hace meses, se ha venido advirtiendo sobre el impacto del desfinanciamiento en las universidades públicas, la educación y la ciencia, situación que se ha agudizado en 2024.
El documento, firmado por estudiantes, docentes y no docentes, denuncia la falta de actualización del presupuesto asignado para el funcionamiento de las instituciones, lo que ha dejado a muchas universidades en una situación crítica. Además, se destaca la paralización de más de 100 obras de infraestructura y la insuficiencia de los programas de asistencia a estudiantes, afectando la continuidad de los estudios de miles de jóvenes.
Una de las principales preocupaciones expresadas es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal universitario, tanto docentes como no docentes, muchos de los cuales hoy perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza. Esta situación, sostienen, pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de las universidades y la calidad de la educación que ofrecen.
El Gobierno ha sido señalado por la comunidad universitaria por intentar desmantelar la paritaria nacional docente y no docente, al negar la especificidad de los convenios colectivos de trabajo y no dar respuestas a las reivindicaciones salariales planteadas. "No es una defensa de privilegios, es una defensa de nuestros derechos", afirman en el comunicado, recordando que las condiciones dignas de trabajo son fundamentales para garantizar la formación de futuras generaciones de profesionales.
En el ámbito científico, la situación es igualmente crítica. La falta de financiamiento y la paralización de políticas de apoyo a la investigación han afectado gravemente el desarrollo del sistema científico-tecnológico argentino, que depende en gran parte de las universidades nacionales. El 60 % de los investigadores del país trabajan en estas instituciones, y la falta de recursos impacta tanto en los jóvenes en formación como en los equipos de investigación consolidados.
La comunidad estudiantil también ha alzado su voz, señalando que lo que antes era una preocupación por el ajuste presupuestario, hoy se ha convertido en una emergencia que pone en riesgo la esencia de la educación pública. Los estudiantes denuncian que cada vez más jóvenes deben abandonar sus estudios o trabajar mientras cursan, y que el acceso irrestricto a la educación superior está amenazado.
El comunicado concluye con un pedido claro al presidente de la Nación para que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso, la cual prevé un incremento presupuestario acorde a la inflación y busca recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Además, advierten sobre la necesidad de modificar el proyecto de presupuesto para 2025, ya que de no hacerlo, la crisis del sistema universitario y científico podría profundizarse aún más.
La comunidad universitaria reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de excelencia, y se declara en resistencia democrática y pacífica, en un llamado a toda la sociedad a acompañar esta lucha que consideran fundamental para el futuro del país.
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Datos extraidos de Casas de Hoy