4 de marzo de 2025

Tandil

El Municipio niega la intervención de un funcionario en la obra ilegal en las sierras

El Municipio de Tandil ha negado las acusaciones sobre la intervención de un funcionario local, esposo de la jueza de la causa, en el expediente relacionado con una obra ilegal en las sierras. Estas denuncias fueron hechas por Fabián Mestralet, un miembro de la Asamblea por la preservación de las sierras, quien había señalado que el funcionario habría influido en la resolución del caso.

El Municipio aclaró que la solicitud para la subdivisión de la manzana 187Q, actualmente bajo cuestionamiento, no fue presentada por una sola persona, sino por un total de 19 propietarios. En este sentido, Juan Otero, uno de los afectados, destacó en Radio Tandil (AM 1140) que las acusaciones sobre un solo propietario eran incorrectas, ya que en realidad se trata de una subdivisión que involucra a varias familias. Según Otero, las denuncias de los miembros de la Asamblea se basan en información errónea, como las altimetrías tomadas de Google, y no en datos oficiales obtenidos por un profesional en el área.

Además, Otero rechazó las acusaciones de tráfico de influencia, subrayando que el funcionario mencionado en las denuncias nunca intervino en el expediente de la obra. Según el propietario, el proceso se ha demorado por más de cinco años debido a la inacción del municipio, lo que ha generado un daño considerable a las familias involucradas en la compra de los terrenos.

El conflicto, además de la cuestión técnica sobre la viabilidad de la obra, ha tomado un giro político. Fabián Mestralet, junto con ciertos sectores de la oposición, ha intentado vincular a la gestión del Municipio con prácticas cuestionables. Sin embargo, Otero asegura que los propietarios afectados no están involucrados en disputas políticas, sino que su única preocupación es poder construir sus viviendas. Según su testimonio, muchos de los involucrados llevan años pagando alquileres y aún no han podido concretar el sueño de tener su casa propia.

Por otro lado, el Municipio ha solicitado a los propietarios presentar ciertos certificados y documentación adicional antes de continuar con la obra, lo que ha generado más frustración entre los afectados. En este sentido, Otero cuestionó la demora y la falta de respuesta clara por parte de las autoridades municipales, señalando que esta situación se está prolongando más allá de lo razonable.

Otero también criticó la falta de acción judicial, mencionando que la jueza que lleva el caso no ha legalizado ninguna construcción en la zona y ha impuesto una multa significativa a quienes continúan con obras sin permisos. A pesar de estas sanciones, muchos propietarios se ven obligados a continuar con sus construcciones debido a las circunstancias, como el aumento de alquileres y la necesidad de ofrecer un hogar a sus familias.

El caso sigue en desarrollo y ha generado una serie de tensiones políticas y sociales en la comunidad. Los propietarios esperan una pronta resolución por parte del Municipio y la justicia, mientras que la polémica continúa en el debate público.

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