27 de mayo de 2026
El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la ley de etiquetado frontal.
La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei propone eliminar de manera directa el sistema de octógonos negros que advierte sobre el exceso de azúcar, sodio, grasas y calorías en los alimentos.
El texto enviado al Congreso es uno de los más breves del paquete legislativo oficialista: cuenta con apenas tres artículos. El primero establece simplemente la derogación de la Ley 27.642, mientras que el segundo fija que la medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
La propuesta no contempla un sistema alternativo de información nutricional para los consumidores, por lo que, de aprobarse, desaparecerían los octógonos sin reemplazo inmediato.
La ley de etiquetado frontal fue sancionada en octubre de 2021 luego de un extenso debate parlamentario y obligó a las empresas alimenticias a incorporar advertencias visibles en productos con exceso de nutrientes críticos, siguiendo parámetros establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.
Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual presenta "inconsistencias técnicas" y afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas. En los fundamentos del proyecto se retoman argumentos históricos de la industria alimenticia, que durante años se opuso a la implementación de los octógonos.
Entre los cuestionamientos oficiales se menciona que el modelo aplica los mismos criterios a distintos tipos de alimentos, que no incentiva reformulaciones graduales y que genera dificultades comerciales dentro del MERCOSUR.
Sin embargo, organismos internacionales como la OPS defendieron en reiteradas oportunidades el sistema de advertencias frontales y aseguraron que es una de las herramientas más efectivas para reducir el consumo de productos con exceso de azúcar, grasas y sodio.
Chile fue pionero en la región con este esquema en 2016 y luego se sumaron países como México, Uruguay, Perú y Colombia. En caso de aprobarse la derogación, Argentina se convertiría en el primer país latinoamericano en eliminar este tipo de etiquetado nutricional.
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