Salud. El Gobierno elimina el pedido de dadores para familiares y cambia el sistema de donación de sangre

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación y publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 536/2026, actualiza después de una década las normas que regulan el Sistema Nacional de Sangre, con el objetivo de modernizar procesos y garantizar mayor seguridad tanto para pacientes como para donantes.

El cambio más significativo es la eliminación del modelo de "donación de reposición", que obligaba a las familias a buscar donantes. A partir de ahora, se establece un sistema basado en la donación voluntaria, habitual y no condicionada. Incluso, la normativa prohíbe explícitamente que una cirugía o atención médica dependa de la presentación de dadores.

Según explicaron desde la cartera sanitaria, este nuevo esquema mejora la seguridad transfusional, ya que los donantes voluntarios presentan menor riesgo de enfermedades transmisibles.

Nuevos criterios y menos restricciones

La normativa también introduce cambios en los criterios de selección de donantes. Se elimina la exclusión automática de determinados grupos y se pasa a evaluar conductas individuales y evidencia científica.

Además, se deja sin efecto el requisito de ayuno previo a la donación y se recomienda, en cambio, una correcta hidratación antes de la extracción.

En cuanto a los tiempos de espera, se actualizan los plazos según factores de riesgo específicos, como nuevas parejas sexuales, tatuajes recientes o procedimientos invasivos.

Un sistema más moderno y controlado

La resolución incorpora también nuevos lineamientos para terapias celulares y componentes como el Plasma Rico en Plaquetas y el Suero Autólogo Oftalmológico.

A su vez, se avanza hacia un modelo de red integrada de sangre en todo el país, con mayor trazabilidad, informatización de registros y control de cada etapa del proceso. En este marco, se prevé la desactivación progresiva de bancos de sangre intrahospitalarios para centralizar y optimizar el sistema.

La medida ya está en vigencia, y las instituciones tendrán un plazo de hasta dos años para adaptarse a los cambios tecnológicos y estructurales.