Politica . Diputados dejó solo al Gobierno y rechazó el veto a la ley de Emergencia de Discapacidad

Presión social, cambios de voto y soledad oficialista

La votación dejó al oficialismo más aislado que nunca. De los 247 diputados presentes, 73 votaron en contra y 2 se abstuvieron. Incluso legisladores que el año pasado defendieron el veto, esta vez se pronunciaron a favor de la ley.

Los cambios más significativos vinieron desde el propio oficialismo: Carlos D'Alessandro y Marcela Pagano (ambos de La Libertad Avanza) y Lourdes Arrieta (ex libertaria), no solo dieron quórum, sino que votaron a favor de la norma.

También cinco diputados del PRO se sumaron al rechazo del veto: Karina Bachey, Sofía Brambilla, Álvaro González, Ana Clara Romero y Héctor Baldassi, todos parte de sectores que ya se habían distanciado del Gobierno. Por otro lado, María Eugenia Vidal y Gabriela Besana se abstuvieron, y Silvia Lospennato estuvo ausente.

Desde el bloque MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone también votaron a favor. Los bloques provinciales y los representantes de gobernadores del "Grito Federal" -como Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz- acompañaron la ley sin fisuras.

Un anuncio de último momento que no alcanzó

Minutos antes de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció por redes sociales que el Gobierno evaluaba un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad. Sin embargo, la maniobra no logró contener la fuga de apoyos.

La presión de organizaciones, familiares y trabajadores del sector fue clave en las últimas semanas, con marchas al Congreso y Plaza de Mayo, campañas en redes y una creciente visibilidad pública del ajuste que afecta al área.

¿Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad?

La iniciativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. El objetivo es garantizar el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina.

Los puntos más destacados:

* Regularización de deudas y actualización mensual de aranceles en el Sistema de Prestaciones Básicas.

* Creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

* Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con auditorías y mejoras en sus sistemas de gestión.

* Compensación económica de emergencia para prestadores y nuevos fondos para talleres protegidos y centros de día.

* Revisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), incorporando dimensiones físicas, sensoriales, intelectuales y sociales.

* Obligación del Estado de cumplir el cupo del 4% de empleo público para personas con discapacidad, una deuda histórica.

El impacto fiscal estimado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.

Lo que viene: un nuevo round en el Senado

La última palabra la tendrá el Senado, que deberá volver a votar la insistencia. En la sesión original del 10 de julio, la ley fue aprobada por unanimidad, lo que podría anticipar un nuevo revés para el Gobierno si se mantiene ese consenso.

El debate ya no es solo técnico: la discusión ha trascendido al plano social y político. Mientras el oficialismo intenta frenar la medida por su impacto presupuestario, la oposición y gran parte de la ciudadanía reclaman respuestas urgentes y estructurales frente a la situación crítica del sector de discapacidad.

Ahora, el Senado -más adverso al oficialismo- deberá definir si el veto es definitivamente rechazado.