18 de febrero de 2026
En una entrevista en Radio Tandil, el politólogo tandilense Alejandro 'Topo' Rodríguez cuestionó con dureza la estrategia del gobierno de Javier Milei frente a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso tras insistencia legislativa.
Según el director del Instituto Consenso Federal, el Ejecutivo no solo desfinanció a las universidades durante los últimos dos años, sino que ahora intenta avanzar con una nueva normativa para "legalizar el ajuste".
Un recorte acumulado cercano al 30%
Rodríguez explicó que el problema se originó cuando el Gobierno decidió prorrogar el presupuesto 2023.
"Decidió sostener el presupuesto 2023, pero con precios nuevos. Eso significó bajarle el financiamiento a prácticamente todas las partidas".
En ese marco, aseguró que el impacto sobre las universidades nacionales fue profundo: "En dos años, 2024 y 2025, Milei le redujo casi el 30% en términos reales el financiamiento a las universidades. De cada 100 pesos que cobraban, en términos reales les manoteó 30".
Y agregó: "El gobierno quiere salir de un laberinto en el que se metió y que le está haciendo mucho daño al sistema universitario argentino".
Una ley aprobada dos veces
El politólogo recordó que el Congreso sancionó una ley para actualizar salarios docentes, no docentes e infraestructura universitaria.
"El Congreso reaccionó muy bien y aprobó una ley de financiamiento que actualiza fondos para docentes, no docentes e infraestructura".
Sin embargo, el Presidente la vetó. Luego, el Parlamento volvió a aprobarla con la mayoría especial requerida.
"Milei la vetó, pero el Congreso insistió y la volvió a aprobar. No es fácil lograrlo, es relativamente inédito".
Rodríguez sostuvo que, pese a la promulgación formal, el Ejecutivo no transfirió los recursos correspondientes: "No tuvo otra alternativa que promulgarla, pero le quitó financiamiento. La ley está, pero no pone la plata".
La Justicia como último recurso
Frente a este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de la norma.
"El Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo colectivo porque el Ejecutivo no quiere aplicar la ley".
Según Rodríguez, la Justicia ya intervino: "En diciembre, la Justicia obligó al gobierno a actualizar salarios docentes, no docentes y becas".
Y advirtió: "Milei teme que la Justicia lo haga cumplir con la ley que no quiso cumplir".
Una nueva ley para "legalizar el ajuste"
En ese contexto, el Gobierno impulsó un nuevo proyecto de financiamiento universitario.
"Manda una nueva ley de financiamiento porque tiene miedo de que la Justicia le haga cumplir la ley original".
Para el politólogo, el objetivo es claro: "La nueva ley va a pretender legalizar el ajuste, le va a quitar fondos a las universidades".
Y fue tajante: "No hay ninguna ley nueva que tratar. Lo que hay que hacer es cumplir la ley que ya se aprobó, llamar a paritarias y actualizar los rubros".
Un antecedente institucional preocupante
Rodríguez también alertó sobre la gravedad institucional del conflicto:
"No tengo memoria de otro caso de esta magnitud, por el nivel de recursos que involucra y por la materia tan sensible que afecta".
"El antecedente es muy malo y es difícil que alguien se atreva a hacerlo otra vez".
Finalmente, sostuvo que el escenario judicial será determinante: "La Justicia ya lo tiene entre la espada y la pared".
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