2 de febrero de 2021
El rector de la Unicen Roberto Tassara, participó de una reunión con el jefe de Gabinete de la Nación, Antonio Cafiero, y autoridades del Enacom, en la que se les pidió a las universidades nacionales que difundan en sus entornos la vigencia de la Prestación Básica Universal de conectividad.
Tassara explicó que se pensó en las universidades porque se trata de un ámbito en donde concurren distintos sectores que hacen uso de la conectividad como parte de su labor diaria. Reconoció que hay reticencia por parte de las empresas de comunicación de promover este nuevo derecho y que por eso hay que trabajar "para que esto llegue a todo el mundo".
Asimismo, reconoció que durante la pandemia surgieron muchas falencias en el sistema de conectividad del que dependen trabajadores, no docentes, docentes, alumnos e investigadores de la Unicen.
"Es un nuevo derecho y hay que incorporarlo porque tiene que ver con la calidad de vida. No basta a veces con firmar un decreto o votar una ley. Hay que visibilizarlo, promoverlo y que llegue realmente a la gente", indicó.
Las universidades como promotoras
"Las universidades, el campo del conocimiento del debate, nos permite poder abarcar y llegar a estudiantes y docentes que quieran acceder a este servicio. El servicio básico universal es en definitiva la manera más masiva que tenemos para llegar con este nuevo derecho que se ha creado", dijo el ministro coordinador sobre la iniciativa.
Luego del encuentro celebrado en Casa Rosada, la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, comentó que hubo una muy buena recepción por parte de los rectores y consideró "fundamental la apropiación de todo el universo científico y universitario" de esta política de inclusión digital.
Según las estimaciones realizadas por el sistema universitario nacional, entre un 10 y un 12% de los integrantes de la comunidad académica tuvieron dificultades para solventar la conectividad durante la pandemia de coronavirus y fueron las casas de altos estudios las que debieron lanzar diversos programas para amortiguar esas falencias.
En tanto, hacia mediados del año pasado, el Gobierno nacional publicó un DNU -luego ratificado por el Senado- que declaraba a la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como "servicios públicos y esenciales en competencia", con lo que el Estado retomó su función regulatoria a la hora de fijar los aumentos de tarifas y de establecer que las empresas del sector deben obligatoriamente dar conexión a Internet a través de la PBU.
Según las estimaciones realizadas por el sistema universitario nacional, entre un 10 y un 12% de los integrantes de la comunidad académica tuvieron dificultades para solventar la conectividad durante la pandemia.
En ese punto, Sánchez Malcolm señaló que las empresas han comenzado a ofrecer este tipo de plan alternativo en enero y que "los estudiantes universitarios son destinatarios principales".
Al respecto, el decano de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, aseguró que "el derecho a la educación superior es un derecho de todas las personas y si se están teniendo actividades telemáticas, todo el mundo tiene que tener el acceso a internet necesario".
Dos espaldarazos al plan
En la Casa Rosada consideran que la iniciativa de poner en marcha una Prestación Básica Universal recibió en la última semana dos espaldarazos, por lo que buscarán que en las próximas semanas se difunda con más potencia el servicio de la PBU para las actividades de telefonía móvil, fija, Internet y TV por cable.
El primero de los apoyos se produjo en el marco de la visita de Estado del presidente Alberto Fernández a Chile cuando la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la diplomática mexicana Alicia Bárcena, destacó las iniciativas del gobierno argentino en la materia de conectividad como uno de los "tres avances paradigmáticos" realizados durante la pandemia en la región.
En línea con lo que plantea las Naciones Unidas a través de distintas declaraciones y pronunciamientos, Bárcena ponderó el esfuerzo por garantizar "el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)" al declararlos "como servicios públicos esenciales".
Como ejemplo, la secretaria hizo mención especial a la Prestación Básica Universal y Obligatoria para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y TV por cable puesta en marcha por el gobierno del Frente de Todos.
Por otra parte, la reunión que encabezó este lunes el jefe de Gabinete se concretó luego de que el viernes pasado la Justicia rechazara una medida cautelar solicitada por el grupo Cablevisón-Clarín-Telecom para suspender los efectos de la normativa.
Aunque la "cuestión de fondo" continúa en la Justicia, desde el Gobierno entienden que el fallo del juzgado en los Contencioso Administrativo a cargo de Walter Lara Correa puede ser leído como un nuevo antecedente favorable, al igual que los dichos de Bárcena, en el marco de la determinación oficial de avanzando en la aplicación de estas políticas que democratizan y facilitan el acceso y la conectividad con principios de mayor igualdad.
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Datos extraidos de Casas de Hoy