24 de octubre de 2020
Las comunidades rurales o semi urbanas están en pie de guerra contra quienes fumigan a pocos metros de sus hogares, pero, sobre todo, contra quienes fumigan prácticamente en los patios de las escuelas donde asisten diariamente sus hijos. La Justicia dio lugar al amparo, abrió un paréntesis para que no sigan esparciendo agroquímicos en las cercanías de las escuelas y apuró al Municipio a redactar una nueva legislación.
"Fumigaban a 10 metros de las escuelas", explica el abogado Miguel Ibarlucía. "Eso fue haciendo que los vecinos afectados comenzarán a movilizarse y hacer las denuncias al Municipios, donde no tuvieron recepción. Insistieron hasta que en un momento se decidió iniciar una acción judicial debido a la pasividad del Municipio", añadió.
"Presentamos esta acción en diciembre del año pasado contra tres o cuatro empresas, pero planteando que era una acción colectiva que era para todo el partido de Tandil, para que no se fumigue cerca de centros urbanos, poblados, pozos de bombeos, cursos de agua, etc", indicó Ibarlucía.
"Pedimos una distancia de 1095 metros, que es una distancia que surge de un estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque todos estos agroquímicos producen daños brutales a la salud. Son teratogénicos -es decir que producen deformidades congénitas en niños-, producen cáncer, producen labio leporino, entre otras cosas. Realmente si no hay una intervención de la Justicia lo seguirán haciendo sin problema porque quienes venden estos productos dicen que son inocuos pero no es así", dijo luego.
"Hay muchos estudios científicos que demuestran lo contrario. Se demuestra la contaminación de las napas -por ejemplo en la ciudad de Pergamino donde ya están totalmente contaminadas-, ya hay fallos en contra de esto. De a poco se va avanzando en contra de esta forma de agricultura tóxica", declaró.
Desde ahora, por ejemplo, quien fumigaba prácticamente hasta el patio de la escuela de La Porteña, no va a poder hacerlo. "Este hombre maneja el fideicomiso de siembra, es un pool de siembra de la ciudad de Buenos Aires. Ya el juez Blanc había establecido que antes de fumigar tenían que dar aviso para que los vecinos pudieran contratar a un ingeniero agrónomo que controlara la operación. Esto no se ha hecho. Si no cumplen con esta medida, ya entramos en un tema penal, porque estaríamos en el marco de desobediencia judicial", explicó Ibarlucía.
"Si esto sigue pasando es porque los municipios buscan mantener la buena relación con el sector agropecuario o le tienen miedo al lobby agropecuario. La sociedad civil se está revelando de a poco en la Provincia de Buenos Aires. Hay muchos juicios de este tipo, hay una Red de Pueblos Fumigados que está luchando contra este modelo de agricultura que es muy peligroso, aparte de que ha despoblado el campo porque hoy se trabajan 500 hectáreas con un solo empleado y se ocasiona este abuso de la tierra que contamina los cursos de agua. Una vez que estos están contaminados lleva años recuperarlos. Este es el principio preventivo para evitar el daño cuando hay suficientes elementos para considerar que se está generando", detalló el abogado que representa a los vecinos de Tandil que se han conformado en Junta.
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Datos extraidos de Casas de Hoy