Politica. ¿Por qué Protección Ciudadana retiró el expediente del inmueble de Pinto al 800?

La Secretaría de Protección Ciudadana decidió días atrás retirar del Concejo Deliberante el expediente iniciado para adquirir un inmueble en Pinto 880, adonde pretende mudar sus instalaciones. La iniciativa había despertado polémica entre los concejales, ya que el contrato firmado por el Municipio incluye el pago de un alquiler hasta tanto se concrete la operación de compra. Esa suma se abona todos los meses pese a que el edificio aún no fue ocupado.

¿Por qué el área que conduce Atilio Della Maggiora tomó esta decisión? La historia comenzó a gestarse dos semanas atrás. Antes de una nueva sesión de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales del Concejo (que debate por estos días la iniciativa), el secretario hizo saber a sus integrantes su interés en recuperar el expediente para adjuntar nueva información. Fue así que, una vez reunida la comisión, sus miembros acordaron que, cuando el pedido formal ingresara al cuerpo, entregarían la carpeta al Departamento Ejecutivo.

Al tanto de esto, el lunes pasado el funcionario remitió a la presidencia del deliberativo una nota solicitando la devolución del proyecto. Tras consultar a la titular de la citada comisión, la máxima autoridad del Concejo aceptó el pedido y envió el legajo.

Desde entonces, Protección Ciudadana trabaja en su reformulación. En primer lugar, promete incorporar documentación adicional solicitada por la oposición, como la tasación oficial del inmueble determinada por el Centro de Martilleros de Tandil. Pero también busca ganar tiempo para renegociar el contrato con los propietarios del edificio.

Ocurre que algunas de sus cláusulas no sólo son rechazadas por los bloques opositores, sino también por un sector del oficialismo. Y esa resistencia impide su aprobación.

Las mayores críticas apuntan al alquiler mensual que la Secretaría paga por el inmueble -que recién ocupará cuando se concrete la operación de compra-venta-. Desde el Municipio aseguran que sólo así consiguieron una cláusula que le otorga por dos años el "derecho exclusivo y excluyente" de adquirirlo. Dicho de otro modo, en vez de señarlo, el Estado abona un canon para asegurarse que los dueños no lo vendan a otro interesado.

Pero existe un segundo punto polémico. El valor del edificio está expresado en dólares, y asciende a US$750.000. A un tipo de cambio promedio de $40, Protección Ciudadana debería desembolsar 30 millones de pesos para adquirirlo. Esta cifra dista de la tasación solicitada al Centro de Martilleros, que fijó el precio en 24 millones de pesos. Con ese número en manos de los ediles, se vuelve más difícil alcanzar la aprobación de la ordenanza.

Si el proyecto no es acompañado por el Concejo, la Secretaría no podrá comprar el inmueble. El contrato quedará sin efecto, y los siete meses de alquiler abonados (hasta el momento) se habrán perdido. Ante esta posibilidad, es imprescindible convencer -al menos- al sector de Cambiemos que pone reparos a la iniciativa. Para lograrlo, Della Maggiora se tomará unos días para revisar el expediente.