19 de diciembre de 2018
Hace poco más de un año, Mariano Guzmán recibió su certificado de discapacidad. Conforme a la Ley provincial 10.592, una junta médica determinó que padece "anormalidades de la marcha y la movilidad" que le impiden desarrollar cualquier actividad. Con esa documentación en mano, el joven se presentó ante la Municipalidad para pedir un puesto de trabajo. No lo hizo por antojo. Lo ampara el artículo 8 de la norma, que obliga al "Estado Provincial" y a "las municipalidades" a "ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro (4) por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas". A un año de aquella solicitud, su pedido no encuentra eco en la gestión local. Aunque que presentó toda la documentación requerida y hasta ha mantenido reuniones con el Director de Personal de la Comuna, Mauricio Baldovino, nunca consiguió que le dieran trabajo. "Él me dice que las vacantes están freezadas", se quejó.
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