21 de enero de 2026
La pulseada entre el Gobierno nacional y la Justicia por la Ley de Emergencia en Discapacidad sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que vuelve a dejar al Ejecutivo bajo presión. En plena feria judicial, la Justicia federal ratificó la vigencia de la norma, fijó una fecha límite concreta y exigió pruebas del avance de su implementación.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, advirtió que la ley deberá estar "en plena ejecución" a partir del 4 de febrero de 2026 e intimó al Estado Nacional a que, en un plazo de cinco días, informe y acredite con documentación concreta los pasos dados para cumplir con la sentencia.
La resolución fue dictada luego de la apelación presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre, que intentó frenar la aplicación inmediata de la norma mediante el Decreto 681/2025, el cual había suspendido su vigencia. Ese artículo fue declarado inválido por la Justicia y el fallo, aunque apelado, debe cumplirse hasta que se expida la Cámara Federal de San Martín.
En su fundamentación, el magistrado recordó que la propia ley establece un plazo de 30 días para su reglamentación y precisó que, tomando como punto de partida el 18 de diciembre de 2025 -fecha en la que se concedió la apelación con efecto devolutivo-, la Emergencia en Discapacidad debe estar plenamente operativa el 4 de febrero.
"El incumplimiento podría derivar en nuevas medidas judiciales", advierte la resolución, que vuelve a poner en primer plano la falta de respuestas concretas frente a una situación crítica que afecta a personas con discapacidad, familias y prestadores en todo el país.
Mientras tanto, la definición final quedará en manos de la Cámara Federal, aunque la Justicia ya dejó en claro que la ley está vigente y debe aplicarse.
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Datos extraidos de Casas de Hoy