22 de septiembre de 2019
por
Erica Lanzini. Delegada de ATE (Anses).
"A seguro se lo llevaron preso" solía decir mi abuelo para explicarnos que nadie está libre de que le pase algo, de que surja un imprevisto que modifique el curso de la vida, aunque más no sea por un momento.
Sobre este dicho popular pareciera haberse erigido el Sistema de Seguridad Social en nuestro país que, en base a un conjunto de normas enunciadas en la maltrecha Constitución de 1949 e incorporadas luego al texto constitucional de 1957, sostiene que "el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable" (art. 14 bis de la Constitución de 1957, vigente con idéntica numeración tras la reforma de 1994).
La seguridad social engloba un conjunto de normas jurídicas que regulan la protección de las denominadas contingencias sociales, esto es, de aquellas situaciones en las que las y los trabajadores ven disminuidos sus ingresos en forma total o parcial por circunstancias de la vida. Por ejemplo, por maternidad o vejez, porque requieren retirarse transitoria o totalmente de la actividad laboral; por cargas de familia; o bien en situaciones de desempleo.
Cuando alguna de estas situaciones ocurre en nuestra vida, el Estado debe asistirnos a través de una compensación dineraria que sustituya o complemente nuestros ingresos. Una jubilación cuando dejamos de trabajar, una pensión si no podemos continuar nuestra actividad o si tenemos la desgracia de enviudar, asignaciones familiares y asignación universal para cubrir necesidades mínimas de nuestros hijos e hijas, maternidad para mantener nuestro ingreso durante el período de licencia, fondo de desempleo cuando nos quedamos sin trabajo.
Para garantizar este derecho, el Sistema de Seguridad Social en Argentina se sostiene sobre tres pilares: universalidad -para todos y todas-, igualdad -sin discriminación- y solidaridad -intra e intergeneracional. Es decir, nuestra seguridad social funciona "circularmente": las y los trabajadores de hoy somos solidarios con las y los jubilados, los desempleados, etc. para que, en el futuro, otros trabajadores y trabajadoras puedan serlo con nosotros. El sistema nos incluye a todas y todos sin distinciones y a lo largo de toda nuestra vida.
En 2008, cuando el Estado argentino recuperó la gestión del sistema jubilatorio -poniendo fin al sistema privado de las AFJP- una de las herramientas creadas para asegurar la sustentabilidad de este sistema fue la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que, a través de distintos tipos de inversión, posibilitó incrementar los recursos e incluir más personas al sistema previsional.
Durante los últimos años -en especial desde la Reforma Previsional de diciembre de 2017- los pilares de la Seguridad Social han ido desmoronándose. El crecimiento del desempleo -más de 2 millones de personas en abril de este año-, de la subocupación -con 2,25 millones de personas que trabajan menos de 35 horas semanales- y del empleo informal -4,6 millones de trabajadores no registrados- dejan al borde del abismo los ingresos que, en forma de aportes, solventan los pagos de la seguridad social. Como complemento, la devaluación del peso, las malas decisiones de inversiones y los irregulares manejos de los fondos han "liquidado" al FGS.
En este escenario de magros ingresos, y al igual que sucede en nuestras casas, la salida fueron los recortes. De la mano de "los pobres no van a la Universidad" de la gobernadora Vidal, la tijera deshilachó el programa de apoyo a estudiantes, Prog.R.Es.Ar, y dejó a miles de jóvenes sin su beca.
Con eso no alcanzó.
Entonces, el Programa Hogar -una ayuda dineraria para comprar garrafas- se congeló. Como el invierno que arrasó con las tarifas sociales de luz y gas y dejó a cientos y cientos de jubilados sin el calor de una estufa.
Con eso no alcanzó.
Llegaron las suspensiones de asignaciones para niños, niñas y adolescentes por "presunción de ingresos superiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil". Y aunque presunto no es seguro, esas suspensiones no se volvieron a poner al pago nunca.
Con eso, tampoco alcanzó.
Para innovar, y ya no sólo recortar, crearon el CUNA, sistema de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia que, en su primer mes tuvo tantos 'errores' que el 60% de las asignaciones universales, familiares y por discapacidad no fueron liquidadas. Más de sesenta causales impidieron a las familias valerse de un ingreso que, en estos tiempos, se va por la canaleta de los fideos y el arroz. Con suspensiones de pago masivas, la atención telefónica y presencial en ANSES se desbordó, las trabajadoras y los trabajadores nos quedamos sin respuesta y la situación social de las familias que dejaron de percibir se volvió crítica.
Y no alcanzó.
Entonces, como nada de eso fue suficiente hubo que "romper el chanchito" y echar mano a los cada vez más escasos fondos del FGS. Es que había que pagar deudas.
Esta semana, el gobierno nacional recurrió (otra vez) a los fondos del Sistema de Seguridad Social para pagar.
Antes fue para pagar a los fondos buitre. Ahora para cancelar vencimientos de deuda.
No sabemos para qué alcanzará esta medida. Lo que es seguro es que la seguridad social ya no es segura. Porque, como decía mi abuelo, "a seguro...".
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