Sociedad. La Defensoría lleva al Municipio ante la Justicia por una denuncia vecinal

La Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, llevó al Municipio a la Justicia. Lo hizo el 18 de febrero pasado, a través de un recurso de amparo. La razón: el reclamo de los vecinos de Movediza 2, quienes no tienen acceso a la red de agua potable.

El barrio -ubicado entre las calles Azucena, E. Rodríguez, González Pacheco, Galicia y Ruta Provincial 30- está constituido por unas 90 familias que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. A la precariedad de sus viviendas se suma la ausencia de asfalto, la falta de conexión a la red de gas natural y, para peor, la carencia de agua potable. Por eso, la mayoría de la unidades está conectada a una manguera que, de forma clandestina, acerca el fluido que corre por Suárez García. Mediante "ramificaciones", la mayoría de las casas logra disponer de una sola canilla, que algunos tienen en el baño, otros en la cocina y, los más desafortunados, en el patio.

Tras varios reclamos infructuosos, los vecinos se acercaron en julio del año pasado a la Defensoría. Desde ese momento, su titular inició gestiones ante los funcionarios municipales con dos objetivos: el primero, que de forma inmediata abastezcan de agua potable al barrio (ya sea mediante la entrega de bidones o la colocación de un tanque comunitario); el segundo -más a largo plazo-, que pongan en marcha los trabajos para la extensión de la red o bien arbitren los mecanismos necesarios ante el Estado nacional o provincial para que "bajen" los fondos.

El diálogo con el Departamento Ejecutivo se extendió durante cinco meses, sin alcanzar solución alguna. A mediados de diciembre último, la Defensora intimó -mediante nota escrita- al intendente Miguel Lunghi para que diera una respuesta definitiva al reclamo. Días después, recibió otra nota -de la Secretaría Legal y Técnica- que desligaba al Municipio de toda responsabilidad y aseguraba que la obra era potestad exclusiva de la Nación.

Con esta respuesta, Lafourcade advirtió que la vía administrativa no llegaría a buen puerto. Por eso, decidió trasladar el tema a la Justicia. Así, el 18 de febrero presentó un recurso de amparo. En él, pidió a los jueces que intimen al Municipio a extender la red de agua potable al barrio o bien a iniciar el expediente ante autoridades nacionales o provinciales. Al mismo tiempo, solicitó una medida cautelar (una herramienta legal de carácter urgente, y por ende, de resolución inmediata) para que se le demande al Ejecutivo una solución concreta al problema, ya sea mediante la entrega de bidones, la colocación de un tanque comunitario u otro mecanismo que considere más efectivo.

La causa, por sorteo, recayó en el Tribunal de Trabajo. En la Defensoría confían en que, por las características propias de la cautelar -que exige una respuesta rápida para proteger un derecho vulnerado-, la resolución de la Justicia llegará en los próximos días.