21 de abril de 2026
El gobernador Axel Kicillof participó de la audiencia y consideró la decisión como un avance. "Es un avance concreto. La Nación aceptó que tenía que comprometerse a un régimen de cobertura", señalaron desde su entorno tras el encuentro.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un plazo
clave en el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno
nacional: antes del 10 de junio, la Nación deberá presentar una propuesta
concreta para saldar la deuda previsional que mantiene con el sistema
jubilatorio bonaerense, estimada en $2,2 billones.
Un paso adelante en la negociación
La audiencia se desarrolló en el marco de una instancia de
mediación convocada por el máximo tribunal, en una de las ocho demandas que la
provincia mantiene contra la administración de Javier Milei por recortes de
fondos.
A diferencia de la primera audiencia, realizada el 17 de
marzo, cuando la ANSES argumentó no contar con información suficiente para
calcular la deuda, en esta oportunidad el gobierno nacional aceptó avanzar con
un esquema concreto de cobertura.
"Ya llevamos más de dos años sin transferencias. Llegamos al
compromiso de que Nación presentará un monto para transferir el próximo 10 de
junio", afirmó Kicillof al salir del encuentro.
Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Pablo
López, destacó el rol institucional del tribunal: "Esperamos llegar a la
audiencia de junio con una propuesta de solución".
El origen del conflicto
La disputa se remonta al Decreto de Necesidad y Urgencia
280/2024, firmado por Milei en marzo de ese año, que suspendió las
transferencias automáticas que ANSES debía girar a las provincias que no
transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional.
Desde entonces, Buenos Aires no recibió fondos por ese
concepto. La administración provincial cuestiona la constitucionalidad del
decreto y sostiene que carece de fundamentos sólidos.
Un reclamo más amplio
El reclamo previsional forma parte de un paquete mayor de
litigios. En total, la provincia mantiene ocho demandas contra el gobierno
nacional por un monto superior a los $15 billones, equivalente a
aproximadamente un tercio de su presupuesto.
"Es una cifra inmensa", subrayó Kicillof. Los reclamos
incluyen fondos destinados a áreas como seguridad, transporte, educación,
bosques nativos y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017.
Contexto político y económico
El resultado de la audiencia también tiene una lectura
política. En las últimas semanas, el gobierno nacional alcanzó acuerdos
previsionales con provincias como Santa Fe, Córdoba y Chubut, mientras que
Buenos Aires quedó al margen de esas negociaciones.
Desde la administración bonaerense interpretan este
escenario como un intento de presión financiera, lo que dejó a la vía judicial
como único camino disponible.
En esa línea, López planteó un desequilibrio estructural:
Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación nacional, pero recibe solo el 7%
de los fondos distribuidos, mientras que la Nación concentra el 70%.
Otros reclamos y medidas provinciales
Kicillof también cuestionó otros recortes del gobierno
nacional, como la interrupción de la provisión de medicamentos del Plan
Remediar. "Esa demanda termina recayendo en la provincia y los municipios",
advirtió.
En paralelo, el gobierno bonaerense anunció medidas para
sostener la asistencia social: un aumento del 30% en el Sistema Alimentario
Escolar -que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes- y un incremento del
25% en los principales programas sociales.
Con estos ajustes, la inversión mensual en el servicio
alimentario escolar pasará de $41.000 millones a $54.000 millones.
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