Tandil. El Municipio evalúa asistir a quienes perdieron su pensión

Hay algunos hechos que suceden ante la indiferencia generalizada pero cuando salen a la luz, estallan, como si se destapara una olla a presión. Fue lo que ocurrió con la decisión del Gobierno Nacional de suspender miles de pensiones no contributivas: aunque hace meses se dan de baja, la medida tomó estado público en las últimas horas y desató una fuerte polémica.

La decisión del Ministerio de Desarrollo Social se basó en el decreto 432 de 1997, que estaba archivado, pero vigente. La norma, emitida por el entonces presidente Carlos Menem, estableció el régimen para el otorgamiento de pensiones por invalidez. Y determinó en sus anexos que sólo podrán acceder quienes se encuentren incapacitados para trabajar "en forma total y permanente" y no estén amparados "por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna", requisito éste que también alcanza al cónyuge.

Desde la cartera que conduce Carolina Stanley veían con preocupación el fuerte crecimiento en el universo de beneficiarios registrado durante el kirchnerismo. "El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos -aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino-. El manejo clientelar que hicieron llevó a que haya intendencias del interior con más del 100% de discapacitados".

Ante este panorama, el Ministerio, decreto en mano, identificó casos en que la incapacidad no impide trabajar y matrimonios que ya perciben otro haber y dio de baja miles de haberes. Como actuó sin previo aviso, hubo quienes se encontraron de un mes al otro sin ese ingreso. "En vez de hacer un estudio socioambiental enviando a un trabajador social a la casa del beneficiario, automáticamente las dejaron de pagar", denunció Gabriela Troianno, diputada nacional del Partido Socialista. Según la legisladora, en el último año se cayeron más de 180 mil pensiones.

Dentro de ese universo, hay un número aún incierto de tandilenses. Algunos ya se acercaron a la delegación local de ANSES para manifestar su preocupación, pero no encontraron explicaciones. Bajo el argumento de que al organismo le corresponde abonar las pensiones pero no definir quién las recibe, derivaron las consultas al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, en Las Heras al 800.

Allí tampoco abundan las respuestas. A los beneficiarios sólo les ofrecen la alternativa de presentar una queja. Queja que dará inicio a un trámite administrativo. Trámite que los obligará a esperar.

Sin soluciones en lo inmediato, derivan las consultas a la secretaría de Desarrollo Social del Municipio, que por estos días toma nota de las necesidades. "Nosotros hablamos con la coordinadora del centro de referencia local y acordamos que nos va a ir pasando los casos para que los evaluemos", reconoció el subsecretario del área, Pablo Civalleri, en diálogo con El Editor.

El funcionario solicitó al organismo nacional un listado con el universo de afectados, pero éste no existe. "Están apareciendo dos o tres casos diarios", señaló. Aunque aclaró que de ninguna manera el Municipio abonará las pensiones caídas, aseguró que se estudiará "cada caso particular" y, "ante situaciones apremiantes, se enviará a la trabajadora social del barrio donde viva esa persona para evaluar su situación" y encontrar una manera efectiva de asistirla. "Es lo que se hace con cualquier vecino", concluyó.