Economía. El Gobierno desreguló los aranceles de los colegios privados y podrán fijar cuotas sin control estatal

Con esta disposición, se deroga el Decreto 2417/1993, que obligaba a los institutos educativos a informar y obtener autorización previa para modificar los aranceles. Desde ahora, cada colegio podrá establecer libremente los valores de matrícula y cuota mensual, sin la intervención del Estado nacional.

Según los fundamentos oficiales, la normativa derogada "presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades económicas del país". Además, el texto sostiene que el sistema anterior "generaba incertidumbre y afectaba la viabilidad económica de las instituciones", ya que los colegios solían fijar precios más altos para prever aumentos no autorizados a tiempo.

El decreto también remarca que los establecimientos privados "deben tener la libertad de definir sus condiciones de contratación y los salarios de su personal", en un marco de libre competencia.

En esta línea, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación para que revisen las normas vigentes en materia de financiamiento y presenten propuestas de actualización que promuevan un esquema basado en la libre contratación y la competencia leal.

Qué pasará ahora con las cuotas

La derogación del régimen anterior implica un cambio estructural en la forma en que las escuelas fijarán sus cuotas. Hasta ahora, los colegios estaban obligados a presentar su estructura arancelaria antes del cierre del año y comunicarla a los padres con varios meses de anticipación. Esa modalidad se justificaba como un modo de ofrecer previsibilidad a las familias, pero en la práctica impulsaba ajustes por encima de la inflación esperada.

Con la nueva normativa, los colegios podrán modificar sus cuotas durante el año, siempre que lo hagan de manera gradual y justificada por el movimiento de sus costos. No habrá una autorización estatal previa ni un calendario de aumentos fijado de antemano. Cada institución definirá el momento y la magnitud del ajuste según su estructura de gastos, salarios docentes, mantenimiento e insumos.

Para las familias, el cambio significa que el costo mensual podrá variar con mayor frecuencia, aunque con aumentos teóricamente más acotados. Ya no existirá la obligación de recibir la comunicación de la cuota anual en noviembre, por lo que las variaciones podrán darse en cualquier momento del año escolar.

Los colegios, por su parte, tendrán mayor autonomía para administrar su presupuesto. Podrán ajustar sus valores cuando los costos salariales o de servicios se disparen, sin esperar a fin de año ni someterse a una aprobación estatal. Las instituciones argumentan que este cambio les permitirá proyectar inversiones, mejorar infraestructura y sostener su funcionamiento en escenarios de incertidumbre económica.