5 de julio de 2017
"Estamos pidiendo que el Estado funcione y aplique las condenas correspondientes". El reclamo pertenece a Santiago Romay, proteccionista y coordinador de COPECOS. Días atrás, el abogado mantuvo una reunión con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Concejo Deliberante. El motivo: exigir la plena aplicación de la ordenanza que penaliza el maltrato animal.
La norma en cuestión establece duras sanciones contra las personas culpables de maltrato: "Son penas de hasta 50 veces el
salario de un empleado municipal, y hasta 250 veces en caso de
muerte". Sin embargo, el texto no se aplica, denunció Romay.
"Estamos pidiendo que cuando haya una denuncia, se acerque un inspector, constate y se acerque al Juzgado de Faltas", reclamó. Para el abogado, a pesar de que la ordenanza tiene más de un año, "no se pudo avanzar un paso". A raíz de eso, "son los proteccionistas independientes los que terminan haciendo lo que le corresponde al Ejecutivo", afirmó. "Pongo un ejemplo: un veterinario que trabaja en Bromatología constató que un perro fue arrastrado por un auto hasta que murió, llevó la denuncia al área pero no hicieron la actuación correspondiente".
Ante esto, Romay pidió a los vecinos que cuando conozcan un caso se acerquen a la Dirección de Bromatología (en Avenida Colón y Las Heras) a hacer la denuncia y luego se comuniquen con Copecos a través de su perfil de Facebook para que ellos puedan hacer un seguimiento, "así no duerme en un cajón".
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Datos extraidos de Casas de Hoy