Concejo Deliberante. Carrillo habló del proyecto para acompañar a los trabajadores del Correo y su negativa a las fotomultas

En Tandil, una planta reducida en dos tercios debe asumir el trabajo previamente realizado por 30 personas, lo que genera una sobrecarga laboral y dificultades para cumplir con las tareas en tiempo y forma. A nivel nacional, se estima que el gobierno de Milei ha dejado sin empleo a 2800 trabajadores del Correo Argentino. Carrillo destaca el antecedente de la privatización del Correo en 1997, liderada por el Grupo Macri, que terminó con despidos masivos y la posterior quiebra de la empresa. Este historial demuestra que la gestión privada no siempre garantiza una buena administración:

"No soy un fundamentalista del Estado pero tampoco del privado, y que esto último no es sinónimo siempre de buena gestión. En este caso fue una gestión que generó gran vaciamiento del Correo, y luego no pagó su deuda. Es decir el Estado le entregó una empresa funcionando y años más tarde tuvo que rescatarla de la quiebra"

El concejal enfatizó la preocupación por el futuro de los trabajadores despedidos, especialmente en un contexto económico adverso. Además, subrayó que los empleados del Correo no tienen afiliación política, lo que reduce la visibilidad de su situación y refuerza la importancia de apoyarlos.

Fotomultas

En otro tema, Carrillo expresó su desacuerdo con las fotomultas, argumentando que en Tandil ya existe un sistema recaudatorio a través del estacionamiento medido que no se ha traducido en mejoras en seguridad vial ni en transporte público. Criticó la falta de implementación de políticas efectivas en estas áreas y cuestionó la eficacia de las fotomultas como medida para mejorar la seguridad vial.

Mientras que Mario Civallieri, presidente del bloque oficialista, defendió las fotomultas como una herramienta para mejorar el control del tránsito y la seguridad vial. Carrillo señaló que el gobierno local no ha demostrado un compromiso real con estas cuestiones y sugiere que las fotomultas podrían ser utilizadas principalmente con fines recaudatorios, en lugar de destinarse a mejoras en seguridad vial y transporte público.

"No hubo en estos diez años que está, ni una política de seguridad vial, ni de mejoramiento del transporte, ni del Observatorio Vial, nunca se pensó tampoco el esquema de instalación del sistema público de bicicletas. Es otro esquema meramente recaudatorio."

Además señaló que: "Es muy vergonzoso que hace dos años hayamos votado una ordenanza de Observatorio Vial para tener un estudio más científico de porque la gente de accidenta, y la verdad que no se ha implementado solamente porque es un proyecto que viene de la oposición"

En cuanto a las empresas de transporte en quiebra, Carrillo criticó la falta de transparencia en los acuerdos entre la Cámara de Transporte y el Ejecutivo municipal. Destaca la necesidad de estudios de costos actualizados para abordar la situación crítica del sector, especialmente en un contexto de aumentos en el precio del combustible y la eliminación de subsidios en el interior del país