Tandil. Certificado del RENABAP reconoce a sector de Movediza como barrio formal: polémica, legalidad y dudas

La polémica: servicios sin subdivisión formal

La Usina, según declaró su titular Guillermo Saab, expresó que la subdivisión del terreno no está realizada formalmente, como exige la normativa urbana. Sin embargo, el RENABAP ya asignó numeraciones domiciliarias específicas, lo que crea un vacío legal y operativo. "La única autoridad habilitada para realizar subdivisiones es un agrimensor", recordaron desde el Municipio, marcando que los lotes fueron divididos "de hecho" por los propios ocupantes.

A pesar de esto, la resolución nacional le exige a la Usina brindar electricidad a quienes presenten el certificado. "Es un título suficiente", remarca el documento oficial.

Un conflicto legal y político en desarrollo

El Municipio de Tandil aún no ha sido notificado formalmente por la Justicia de esta resolución, aunque funcionarios confirmaron estar al tanto del contenido. La Dirección de Legales, encabezada por Javier López, será la encargada de dar una respuesta institucional, una vez recibida la documentación oficial.

En paralelo, se investiga cómo y cuándo se presentó este sector ante el RENABAP. Todo indica que el trámite fue ingresado en los últimos días del gobierno de Alberto Fernández, en una maniobra política señalada por el oficialismo local como "apresurada y sin coordinación con las autoridades locales".

Desde el entorno municipal también apuntan a la presencia de operadores políticos que facilitaron el trámite, sin consulta previa ni planificación conjunta, lo que genera ahora una carga extra de gestión y recursos para el gobierno local.

Impacto económico y urbanístico

La regularización de este sector implicará, además del suministro eléctrico, la eventual provisión de agua, gas, cordón cuneta, calles e iluminación, lo que representa una fuerte inversión para el Municipio, en un área que no estaba incluida en el planeamiento urbano.

Según se especula, en las próximas semanas podrían surgir reclamos formales por parte de los residentes exigiendo servicios esenciales, lo que incrementaría la presión sobre el gobierno local. Incluso se mencionan posibilidades de medidas judiciales, protestas o presentaciones por derechos básicos.

Una situación con múltiples aristas

Actualmente, el propietario del terreno involucrado estaría en conversaciones con el gobierno provincial para alcanzar una compensación por la ocupación de su propiedad, posiblemente mediante un canje de tierras. Se trata de un paso clave para destrabar la situación desde el punto de vista civil.

Este caso deja expuesta una cadena de decisiones y omisiones institucionales que derivaron en una situación de difícil resolución, tanto legal como social. Como remarcan diversos actores locales, la principal víctima de este conflicto es la comunidad que hoy vive allí, con necesidades urgentes y sin respuestas claras, mientras la política y la justicia intentan resolver responsabilidades y competencias.