Grave. Médicos de PAMI: denuncian el colapso del sistema, recortes del 50% y sospechan de un aumento de la mortalidad

En un duro comunicado, la entidad profesional advirtió sobre la interrupción total del diálogo con las autoridades nacionales, la caída de las prestaciones y el impacto del congelamiento de aranceles. El reclamo suma adhesiones tanto en la Capital Federal como en el interior bonaerense y diversas provincias.

La crisis institucional y sanitaria que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta tensión. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) emitió un durísimo pronunciamiento en el que denunció el vaciamiento del organismo, la falta de respuestas oficiales y el impacto directo sobre los más de 5.800.000 beneficiarios que dependen de la obra social más grande de Latinoamérica.

El conflicto, que mantiene en alerta a las estructuras sanitarias del país, tiene una fuerte resonancia territorial: la asociación cuenta con profesionales agremiados en la ciudad de Tandil, al tiempo que ha recibido el respaldo explícito de médicos y odontólogos que, aun sin estar afiliados al gremio, se vienen plegando de manera activa a las medidas de fuerza en rechazo al deterioro prestacional y salarial.

El "bypass" al diálogo y el reclamo a las autoridades

Bajo el título "El PAMI se cae a pedazos", la conducción de APPAMIA cuestionó con severidad la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones, a quien acusan de haber cortado todos los canales de comunicación con los prestadores que atienden a los 5.824.480 jubilados y pensionados del sistema.

De acuerdo con el documento, ante la falta de respuestas en la cartera sanitaria, los prestadores han comenzado a gestionar reuniones de urgencia con otras áreas del Poder Ejecutivo, buscando ser recibidos por figuras como el diputado Diego Santilli o el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete la contestación inicial fue evitar la intervención directa, mientras que desde la cartera económica tampoco se han habilitado mesas de negociación para resolver los pagos pendientes.

El origen del conflicto: rebaja unilateral y paros en cadena

El detonante de la escalada actual se remonta al 9 de abril, fecha en la que la Dirección Ejecutiva del PAMI oficializó la Resolución 1107. Esta medida dispuso una reducción del 52,4% en la remuneración de los médicos y odontólogos de cabecera en medio de las tratativas paritarias con APPAMIA.

Para el gremio, esta decisión constituyó un incumplimiento material e inconsulto de los contratos vigentes, lo que activó la aplicación de la exceptio non adimpleti contractus (excepción de contrato no cumplido). Tras una medida inicial de fuerza por 72 horas convocada por APPAMIA, el reclamo comenzó a expandirse:

Corte de atención en provincias: En agosto, clínicas de cuatro provincias interrumpieron las prestaciones durante 24 horas.

Adhesión de cámaras del sector: Se sumaron al reclamo entidades de alcance nacional y provincial como Adecra, Acami, Capress, Confeclisa, Fecliba y Salud Federal, junto a más de 30 cámaras provinciales.

Paro de 96 horas: APPAMIA concretó una huelga de cuatro días (13, 14, 15 y 16 de octubre) motivada por la imposibilidad de cubrir los costos de alquileres, insumos, personal administrativo y servicios con los aranceles vigentes.

Atención limitada: Actualmente, en diversos puntos del país los beneficiarios solo están siendo atendidos ante casos de urgencia.

La ecuación económica: la cápita del "alfajor" frente al costo hospitalario

Uno de los ejes más críticos del informe radica en la comparación entre los valores abonados a los profesionales y el costo que genera la falta de atención preventiva en el sistema de salud pública:

Cápitas congeladas: El PAMI abona $2.700 por paciente a los médicos de cabecera y apenas $374 a los odontólogos. Desde el gremio grafican de manera contundente que el valor de la cápita médica equivale al precio de "un alfajor".

El costo de la internación: Un día de internación en un hospital público asciende a $250.000.

El impacto financiero: De acuerdo con las proyecciones del gremio, si tan solo el 1% de los 5 millones de afiliados (unas 50.000 personas) requiere internación por falta de controles y derivaciones oportunas, el costo para el Estado alcanzará los $12,5 billones. Esta cifra supera por diez veces la deuda reclamada por el sector, estimada en $500.000 millones.

Propuesta de recomposición: Ajustar la cápita a $4.500 para médicos y $1.500 para odontólogos significaría una erogación de $15.000 millones mensuales, un monto sustancialmente menor al costo de la atención en crisis.

Los "7 puntos débiles" del plan oficial según APPAMIA

El comunicado de APPAMIA sostiene que la estrategia gubernamental se estructura sobre tres ejes -desfinanciar, vaciar y disolver-, pero advierte sobre la existencia de severas vulnerabilidades legales, operativas y sanitarias:

Aspecto Jurídico y Penal: Se advierte sobre la configuración del delito de abandono de persona (Art. 106 del Código Penal), considerando que el 70% de los 5 millones de afiliados son mujeres, el 40% vive solo y el 60% padece dos o más enfermedades crónicas. Asimismo, se señala un eventual incumplimiento de deberes de funcionario público (Art. 248 del CP) por la retención indebida de fondos del Tesoro hacia la obra social, calculados en US$1.000 millones ($1,4 billones, equivalentes al 14% del presupuesto).

Protección Constitucional: Se remarca que el PAMI fue creado por la Ley 19.032 y está amparado por el Artículo 42 de la Constitución Nacional, por lo que no puede ser disuelto mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Subejecución Presupuestaria: Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso reflejan que el Programa de Desarrollo de Prestadores tuvo un nivel de ejecución presupuestaria del 0% sobre los $1.500 millones presupuestados, registrando un 16,9% global, el índice más bajo entre las prestaciones sociales.

Falla Operativa de las UGLs: Las 38 Unidades de Gestión Local (UGL) son cuestionadas por no cumplir funciones sanitarias reales ni reemplazar la atención primaria de los médicos de cabecera.

Deterioro Prestacional: Se cita un informe del Instituto de Estudios Fiscales de la CTA (IEF-CTA) que registra una caída real del 41,3% en las prestaciones durante el primer trimestre de 2026.

Efecto Cascada Sanitario: La interrupción de la medicina de cabecera deriva en la falta de seguimiento clínico y odontológico, desencadenando urgencias, guardias saturadas e internaciones que pueden derivar en muertes evitables tapadas bajo diagnósticos clínicos secundarios.

Alternativas Legislativas: En el Congreso se encuentra ingresado un expediente de 11 piezas impulsado con la participación de la Presidencia de la Cámara de Diputados para un proyecto de ley alternativo (SINAM), lo que invalida el argumento de la disolución como única salida.

Acciones judiciales, denuncias internacionales y pedido de auditoría

Ante este panorama, la conducción de APPAMIA confirmó el inicio de una serie de acciones institucionales y judiciales:

Pedido de Auditoría a la AGN: Solicitarán formalmente, a través del Artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la Auditoría General de la Nación (AGN) revise la deuda de $500.000 millones, la subejecución presupuestaria y el destino de los US$1.000 millones retenidos.

Impugnación por falta de Sindicatura: Se denunció que la Sindicatura del PAMI se encuentra vacante tras la renuncia de Florencia Zicavo el pasado 3 de septiembre, lo que viciaría de nulidad los actos administrativos emitidos por la nueva conducción.

Presentación ante la CIDH: Se elevará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por discriminación etaria y de género, invocando la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360), en virtud del desfasaje entre una inflación del 241% y un ajuste de cápitas del 110%.

Auditoría de Mortalidad: La entidad solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso y a la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) un relevamiento cruzado del primer trimestre de 2026 contra 2025 para evaluar la evolución de los índices de mortalidad en mayores de 70 años, las internaciones evitables y la caída en la provisión de insumos críticos como insulina y tratamientos oncológicos.