Tarifa. Aumento de la luz: qué argumentos dio la Provincia para apelar el fallo y habilitar las subas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires explicó los motivos por los que apeló la medida cautelar que había frenado el último aumento de la tarifa eléctrica, a partir de un planteo de la Defensoría del Pueblo bonaerense. La administración de Axel Kicillof defendió el procedimiento de actualización aplicado y advirtió sobre las posibles consecuencias de suspender los componentes provinciales de las facturas.

La controversia enfrenta al Ejecutivo provincial con la Defensoría del Pueblo, a cargo de Guido Lorenzino, que había obtenido una medida cautelar al considerar que los aumentos se aplicaron sin una instancia previa de información y participación de los usuarios.

Sin embargo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata concedió efecto suspensivo al recurso presentado por la Provincia. De esta manera, la cautelar dejó provisoriamente de impedir la aplicación de los cuadros tarifarios vigentes, mientras continúa la discusión judicial.

Los argumentos del Gobierno bonaerense

Desde la Subsecretaría de Energía señalaron que las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente provincial de la tarifa, se realizaron dentro de un régimen de transición iniciado en 2021, en un contexto de emergencia, y no como parte de una nueva revisión tarifaria integral.

Por ese motivo, la Provincia sostiene que los incrementos deben analizarse en función de las reglas específicas de ese esquema. La Defensoría, en cambio, plantea que los usuarios deben contar con una instancia de participación previa a la aplicación de los aumentos.

Otro de los argumentos oficiales apunta a la composición de las facturas. Según la administración bonaerense, una parte importante del monto que pagan los usuarios corresponde a componentes regulados a nivel nacional, como el costo de la energía, la potencia y el transporte, cuyos precios no fueron alcanzados por la cautelar.

En ese sentido, fuentes de la Subsecretaría de Energía señalaron que los componentes nacionales representan alrededor del 40% de la factura y cuestionaron que el planteo de la Defensoría se concentre en los incrementos provinciales.

El Gobierno también advirtió que suspender únicamente las actualizaciones del VAD, mientras continúan vigentes los precios nacionales, podría generar dificultades operativas en la facturación y afectar los ingresos de las distribuidoras, con posibles consecuencias sobre el mantenimiento de las redes y las inversiones necesarias para sostener el servicio.

Una audiencia pública prevista para diciembre

Mientras continúa la discusión judicial, el Gobierno bonaerense anticipó que prevé convocar a una audiencia pública para mediados de diciembre, en el marco de la etapa final de la Revisión Tarifaria Integral.

La última audiencia vinculada con una revisión integral se realizó en diciembre de 2016. Desde entonces, las actualizaciones se instrumentaron mediante distintos mecanismos transitorios, cuya aplicación quedó ahora bajo cuestionamiento.

Por el momento, la Cámara suspendió los efectos de la cautelar mientras avanza la apelación, pero todavía no resolvió si los aumentos cuestionados requerían una audiencia pública previa.

Esa definición será determinante para establecer las condiciones en las que podrán continuar las actualizaciones de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires.