29 de septiembre de 2026
El operativo fue realizado por el Municipio y la Policía, en el marco de una causa judicial. El terreno pertenece al Estado provincial y se encuentra en una zona donde debe garantizarse la visibilidad por razones de seguridad vial.
El Municipio de Tandil, junto con la Policía y en el marco de una causa judicial, concretó el desalojo y la demolición de construcciones ilegales que habían sido levantadas en un inmueble ubicado en el cruce de la Ruta Provincial N° 30 y las vías del ferrocarril, a la altura del kilómetro 133.
El terreno pertenece al Estado provincial y se encuentra bajo jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad. Tras el operativo, el lugar quedó completamente desocupado y sin edificaciones.
Las tareas estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Cuarta de Tandil y de la Dirección de Servicios Municipal, que intervino para retirar las construcciones existentes y recuperar el sector de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa provincial.
Un sector donde debe mantenerse la visibilidad
El inmueble está ubicado dentro de una zona considerada cono de visibilidad, un sector en el que las normas de seguridad vial establecen que el terreno debe permanecer libre de obstáculos para garantizar la visual de quienes circulan por cruces, curvas y accesos.
En estos espacios no están permitidas construcciones permanentes, plantaciones de gran altura ni cartelería que pueda interferir con la visibilidad.
El proceso judicial
La intervención se concretó luego del trámite de la causa penal IPP N° 01-01-002535-25/00, caratulada "C., E. R. y Otros s/Usurpación de inmueble Tandil", que se llevó adelante ante el Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil y la Fiscalía N° 8, a cargo del fiscal Gustavo Andrés Morey.
Según se informó, durante los años previos un grupo de personas se había instalado en el inmueble ubicado junto al cruce de la Ruta 30 y las vías.
En marzo, el Juzgado de Garantías N° 1 había dispuesto el desalojo de las personas denunciadas y de cualquier otro ocupante, con un plazo inicial de 15 días hábiles.
Con el objetivo de concretar una desocupación pacífica, la Defensoría Oficial y el representante de la Dirección Provincial de Vialidad acordaron, con intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, extender el plazo hasta 180 días.
El acuerdo fue acompañado por el titular de la UFI, quien además solicitó una medida de no innovar para impedir nuevas construcciones o modificaciones en el inmueble.
El 14 de abril, el Juzgado de Garantías dispuso esa medida cautelar por 180 días y ordenó el cese de cualquier obra, modificación o alteración del lote. Al finalizar ese período, el terreno debía encontrarse completamente desocupado.
Durante ese tiempo, las autoridades y efectivos de la Comisaría Cuarta realizaron un seguimiento de la situación, con la colaboración de vecinos de la zona, que mantuvieron comunicación para advertir sobre posibles situaciones que pudieran dificultar el cumplimiento de las medidas judiciales.
Una vez cumplido el plazo y constatada la desocupación del inmueble, se avanzó con el retiro y demolición de las construcciones existentes y la recuperación del terreno.
Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron el trabajo articulado entre los organismos judiciales, policiales y estatales, junto con la colaboración de los vecinos, para hacer efectiva la medida y recuperar un espacio que debe permanecer libre de obstáculos por razones de seguridad vial.





Datos extraidos de Casas de Hoy
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