Moroso. Una abogada logró que la Justicia le prohíba a un deudor de cuota alimentaria participar de torneos de fútbol

Tras un año de incumplimientos para con sus dos hijos, la letrada Alba Conforti analizó la rutina del demandado y propuso restringir su acceso a torneos regionales de fútbol. La medida del Juzgado de Paz de Benito Juárez dio resultados en apenas 72 horas.

Un fallo judicial reciente del Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez marcó un precedente en la provincia de Buenos Aires al prohibirle a un padre, que adeudaba más de doce meses de cuota alimentaria para sus dos hijos, participar como jugador o ingresar como espectador a eventos de fútbol en Tandil y Benito Juárez.

La medida fue dictada el 10 de septiembre en el expediente "G. V. Y. c/ B. M. A. s/ Ejecución de alimentos" (N° 13157-2026) por el juez Walter Fabián Pacheco, tras la solicitud impulsada por la abogada de la madre, la Dra. Alba Conforti.

El demandado se encontraba inscripto desde junio en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), pero continuaba disputando torneos locales y regionales con total normalidad.

De la "letra muerta" a la estrategia del caso concreto

Pese a haber aplicado las medidas coercitivas tradicionales -como embargos, inhibición general de bienes e inscripción en el registro de morosos-, la representación legal de la madre no lograba que el padre regularizara las cuotas adeudadas.

Frente a esta parálisis, Conforti enfocó el problema desde la rutina diaria y la dinámica familiar del deudor, notando que la práctica deportiva de los fines de semana representaba su principal interés personal. Para fundamentar la medida no patrimonial, se apoyó en la reforma que la Ley 15.513 introdujo al Código Procesal bonaerense, la cual faculta a los jueces a ordenar cualquier medida razonable para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

"Lo que se buscó en el caso concreto fue una afectación en los intereses reales del deudor alimentario moroso que nos permitiera generar un cambio de actitud", explicó Conforti sobre la lógica detrás del reclamo.

La profesional remarcó que, en muchos trámites judiciales, herramientas formales como el registro de deudores corren el riesgo de convertirse en "letra muerta de la ley" si no tienen un impacto directo en la vida cotidiana del incumplidor.

"Ahí estuvo el ingenio y lo que pretendo trasladar al resto de colegas: buscar cuál es el interés que tiene real esa contraparte a partir del análisis detallado del caso concreto", reflexionó la letrada.

Celeridad judicial y reacción inmediata

El trámite se resolvió con notable celeridad: el fallo se firmó un viernes a las 13:00 horas y a las 16:00 ya se encontraban en curso las notificaciones correspondientes.

Entre los receptores de los oficios figuraban la Liga Tandilense de Fútbol (integrante de la Unión Regional Deportiva), la organización del torneo Copa Cosa de Serranos y el Club Juarense.

La respuesta del entorno deportivo fue inmediata y el sábado el demandado no pudo ingresar a la cancha ni como jugador ni como espectador. La efectividad del apercibimiento se constató el lunes siguiente, cuando el hombre se presentó ante la Justicia para elevar una propuesta concreta para regularizar la morosidad.

Expectativas a futuro: el derecho de admisión institucional

Tras el resultado alcanzado en este expediente, Conforti planteó ir un paso más allá y promover que las instituciones deportivas y culturales adopten el control de deudores de forma autónoma.

Su propuesta busca que los organizadores de torneos federados y amateurs exijan la certificación negativa del RDAM como requisito de inscripción o "derecho de admisión" institucional, sin necesidad de aguardar una orden judicial específica.

"De acá para adelante soy una abogada de Villa Cacique que propone que pensemos en ser organizadores, los convocantes, los que tengamos este registro como derecho de admisión", enfatizó Conforti.

Finalmente, la egresada de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) destacó la receptividad del juzgado e invitó a la comunidad jurídica a buscar soluciones creativas que hagan operativa la ley para tutelar el derecho fundamental a la asistencia alimentaria.