11 de septiembre de 2026

Política

Política . Transporte: la Cámara valoró la declaración de emergencia y pidió rapidez para resolver la crisis

Daniel Albanese, presidente de la Cámara de Transporte de Tandil, destacó la aprobación de la ordenanza y sostuvo que la medida permitirá acelerar las decisiones frente a la situación que atraviesa el sistema.

Tras la aprobación de la Emergencia en el Transporte Público de Pasajeros, el presidente de la Cámara de Transporte de Tandil, Daniel Albanese, consideró que la medida constituye una herramienta fundamental para abordar la situación crítica que atraviesa el sistema.

Albanese recordó que la Cámara había solicitado la declaración de emergencia hace más de cuatro meses, y cuestionó los tiempos que demandaron durante el año pasado las discusiones vinculadas a la actualización de los costos del servicio.

Según explicó, en 2025 la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante estuvo varios meses analizando la actualización de los mayores costos, pero no logró alcanzar consensos y las decisiones finalmente tuvieron que resolverse mediante decretos.

En ese sentido, advirtió que ese proceso generó un fuerte perjuicio para las empresas y señaló que el patrimonio de las compañías se redujo más de un 50 por ciento.

Albanese también marcó una diferencia entre la evolución de la inflación y la actualización de los costos del sistema. Indicó que durante 2025 la inflación fue del 31,5 por ciento, mientras que los costos del transporte se actualizaron en torno al 16 por ciento.

Para el titular de la Cámara, la situación actual es todavía más compleja que la del año pasado, por lo que consideró necesario contar con mecanismos que permitan tomar decisiones con mayor rapidez.

"Se necesitan resoluciones rápidas y celeridad en las decisiones", sostuvo Albanese.

En ese marco, afirmó que la declaración de emergencia aprobada por el Concejo Deliberante "es una herramienta fundamental" para avanzar en la solución de los problemas que atraviesa el transporte público de Tandil.

La ordenanza tendrá una vigencia de 12 meses y otorga al Ejecutivo facultades para intervenir sobre distintos aspectos del sistema, entre ellos las frecuencias, horarios, recorridos, compensaciones económicas y el valor del boleto.

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