La ciudad . Convocan a una manifestación en defensa de las Sierras de Tandil: "La situación no da para más"

La convocatoria busca expresar el rechazo al avance de la urbanización sobre el cordón serrano y reclamar el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la organización advierten que la construcción sobre las Sierras genera "fragmentación, pérdida de hábitat y biodiversidad, contaminación de cuencas hídricas y aumento del riesgo de inundaciones aguas abajo", además de afectar el patrimonio natural y cultural que consideran parte central de la identidad de Tandil.

La Asamblea también sostiene que los impactos ambientales y urbanos derivados de este proceso generan obligaciones presentes y futuras para el conjunto de la comunidad. En ese sentido, plantea interrogantes sobre la efectividad de las obras destinadas a mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos si, paralelamente, continúa el avance de la urbanización sobre las zonas serranas.

El Plan de Desarrollo Territorial y las zonas protegidas

Uno de los principales cuestionamientos de la organización está relacionado con el cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) aprobado en 2005 y enmarcado en la Ley Provincial 8912.

Según explica la Asamblea, el ordenamiento estableció como objetivo la preservación del cordón serrano y la prohibición de urbanizar las Sierras. Para ello creó la Zona Protegida Natural Sierras de Tandil, que comprende el área rural desde la cota de 200 metros sobre el nivel del mar y el área complementaria desde los 220 metros.

El PDT también contempló la elaboración de un Plan de Manejo en un plazo de 520 días. Si bien se presentaron avances, dicho plan nunca habría sido concluido, por lo que -según sostiene la organización- continúa vigente la normativa basada en las cotas establecidas por el Instituto Geográfico Nacional.

De acuerdo con esa normativa, en la zona protegida están prohibidos los barrios privados, las urbanizaciones especiales y las actividades extractivas. A su vez, entre los 220 y los 250 metros sobre el nivel del mar se establece una parcela mínima de 15.000 metros cuadrados, con posibilidad de una vivienda por parcela. A partir de los 250 metros, la superficie mínima admitida asciende a 10 hectáreas.

Entre los 250 y los 280 metros, el uso previsto es predominantemente agropecuario, educativo y científico, mientras que desde los 280 metros el área es considerada no urbanizable. La normativa establece allí la prohibición de edificaciones o conjuntos de edificaciones que puedan generar necesidades de infraestructura y servicios urbanos.

Denuncian un avance de construcciones sobre las Sierras

Pese a las disposiciones vigentes, desde la Asamblea señalan que resulta "inocultable" el avance de construcciones y loteos sobre el cordón serrano.

La organización distingue entre construcciones realizadas antes de la aprobación del PDT o que contaban con permisos de obra vigentes -entre ellas menciona el Hotel Elegance, el Country de las Sierras, el Hotel Amaike Golf y Valle Escondido Etapa 1- y una serie de desarrollos posteriores que, según su planteo, constituirían incumplimientos, construcciones clandestinas o casos que habrían obtenido excepciones o aprobaciones que consideran irregulares.

La preocupación por los loteos

Otro de los ejes del reclamo está puesto en la proliferación de loteos de pequeñas dimensiones en sectores donde el PDT establece superficies mínimas considerablemente mayores.

La Asamblea plantea como interrogante por qué, si la normativa permite subdivisiones de 15.000 metros cuadrados entre los 220 y 250 metros sobre el nivel del mar y de 10 hectáreas a partir de los 250 metros, pueden observarse loteos con superficies inferiores.

Según la organización, algunos de estos terrenos serían remanentes de antiguos loteos de las décadas de 1940, 1950 y 1960, emprendimientos que habrían fracasado, entre otras razones, por las dificultades para acceder al agua. En estos casos, sostiene que el artículo 101 del Decreto Ley 8912 impediría considerar que existen derechos adquiridos a construir bajo una normativa que ya no se encuentra vigente.

Entre los ejemplos mencionados aparecen sectores como Villa del Lago, Entresierras y Montecristo.

La Asamblea también advierte sobre nuevos loteos que son ofrecidos mediante financiación en cuotas y que, en algunos casos, muestran rápidamente medidores y comienzos de obras. La preocupación expresada es que los compradores puedan invertir sus ahorros antes de que se determine si las subdivisiones son efectivamente aprobables.

La organización menciona, entre otros sectores, desarrollos ubicados en La Elena, Juan B. Justo, Ruta 30 y Cerro Leones.

También señala la existencia de parcelas con superficies inferiores a las previstas por el PDT y cuestiona determinados trámites de subdivisión en los que, según sostiene, no quedarían explicitadas las excepciones y sus fundamentos.

Cuestionamientos al rol del Estado

Frente al crecimiento de los casos y de la conflictividad, la Asamblea cuestiona la respuesta de la autoridad de aplicación. Según plantea, las alternativas impulsadas serían avanzar hacia una modificación de la normativa para homogeneizar las situaciones existentes y advertir a quienes compran terrenos que deben informarse previamente sobre su situación.

Desde la organización consideran insuficiente este último planteo y sostienen que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los compradores. "No solo es responsabilidad del comprador evitar estafas sino de quienes ofrecen algo indebido y de quienes tienen la competencia indelegable de controlarlo", señala el documento.

En ese marco, cuestionan lo que consideran una falta de control sobre loteos que ya pueden identificarse físicamente mediante alambrados y otras intervenciones en las Sierras, mientras observan una mayor celeridad para impulsar modificaciones al PDT.

"No es desprolijidad, es producción de desigualdad"

El documento difundido por la Asamblea plantea además que la problemática no debería interpretarse simplemente como una cuestión de "desprolijidad" administrativa o debilidad de gestión.

Como ejemplo, sostiene que permitir que una manzana donde originalmente podría construirse una vivienda sea subdividida en 24 lotes, o en siete lotes de características especiales con autorización para dos viviendas, implica multiplicar el negocio inmobiliario y sus efectos sobre el precio de la tierra y el costo de los servicios.

A juicio de la organización, este proceso también profundiza la pérdida del patrimonio natural y genera consecuencias que alcanzan al conjunto de Tandil.

"No es negligencia, es producción de desigualdad en múltiples sentidos. Intra e intergeneracional", sostiene la Asamblea.

Una convocatoria para el 2 de octubre

El planteo concluye con una advertencia sobre el impacto que el proceso de urbanización podría tener a largo plazo y formula una serie de preguntas sobre el futuro de la ciudad: "Si apenas 20 años han hecho los estragos que vemos, ¿qué Tandil estaremos legando a las futuras generaciones si no detenemos el avance urbano sobre las Sierras?".

En ese contexto, la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil convocó a la ciudadanía a participar de la manifestación prevista para el 2 de octubre a las 18 horas, frente al Municipio, con el objetivo de expresar públicamente el rechazo al avance urbano sobre las Sierras y reclamar políticas que garanticen su preservación.