Economía. La Justicia ordenó informar los aumentos de combustibles antes de que lleguen al surtidor

La Justicia Federal hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y ordenó restablecer la obligación de informar previamente los aumentos en los precios de los combustibles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, interinamente a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que declaró la nulidad de la resolución 717/25 del Ministerio de Economía.

Esa normativa, dictada en 2025, había derogado la Resolución 314/16 del entonces Ministerio de Energía y Minería y dejado sin efecto el denominado Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor.

La herramienta permitía centralizar y transparentar los precios de venta al público en las estaciones de servicio de todo el país, facilitando la comparación entre los valores y promoviendo una mayor competencia en el mercado minorista. También contaba con un canal para que los usuarios denunciaran diferencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados.

Desde Cepis sostuvieron que la eliminación del sistema representó un retroceso en materia de protección de los consumidores, al reducir el acceso inmediato a la información sobre las modificaciones de precios.

El Estado nacional, en cambio, rechazó ese planteo y argumentó que los precios de los combustibles continúan disponibles a través de otros mecanismos oficiales y plataformas digitales. También sostuvo que eliminar la obligación de informar cada modificación no vulnera el derecho constitucional de acceso a la información.

El juzgado consideró que el planteo involucra derechos de incidencia colectiva y analizó el impacto que la eliminación del régimen puede tener sobre los consumidores de combustibles de todo el país.

En paralelo, en la Legislatura bonaerense avanza un proyecto impulsado por la diputada del massismo Ayelén Rasquetti, que propone que las empresas informen con 72 horas de anticipación las actualizaciones en los precios de los combustibles.