La ciudad . Organizaciones socioambientales reclaman que intervenga la Defensoría del Pueblo en el debate por los adoquines

El pedido es que ese organismo solicite ser incorporado con voz y voto en la Comisión de Patrimonio que tratará la protección del adoquinado tandilense.

Se busca así destrabar la discusión que mantiene el Concejo Deliberante y garantizar un control ciudadano efectivo en el debate.

La Ordenanza N°9821 de 1995 brindaba protección integral a unas 143 calles empedradas de Tandil y fue derogada en 2009 por la Ordenanza N°11400.

"Al repasar el registro de aquella jornada, parecería que los propios concejales ni siquiera se hubieran enterado de lo que estaban votando", cuestionaron las organizaciones.

Frente al actual escenario legislativo y la falta de consenso entre los bloques políticos, las organizaciones -que el pasado 6 de abril ya habían expuesto sus fundamentos mediante la utilización de la Banca 21- sostienen que el Estado tiene la obligación legal de progresar en la ampliación de derechos ambientales y culturales. Por lo tanto, consideran inconstitucional la derogación de la Ordenanza 9821.

"Resulta inadmisible e incomprensible que todavía existan ediles que crean tener el derecho de evaluar si se protege o no lo que ya estaba plenamente resguardado. No hay nada que deliberar sobre lo que fue quitado ilegalmente; la reparación histórica debe ser inmediata", argumentaron.

Por este motivo, exigen como un paso automático e indiscutible la restitución inmediata de la protección sobre las 143 calles originales.

La presentación hace especial hincapié en la legislación vigente y los tratados internacionales, que exigen de forma vinculante la participación democrática de las comunidades en las decisiones que afectan su entorno. Debido a que las asambleas firmantes no son convocadas por la Comisión de Patrimonio, consideran "urgente y necesario" que la Defensoría del Pueblo asuma un rol activo en este espacio.

Las organizaciones argumentan que la Defensoría cuenta con el conocimiento técnico-legal idóneo y representa la única garantía institucional de que "el despropósito administrativo ocurrido en 2009 no vuelva a repetirse a puertas cerradas y sin control ciudadano".