12 de mayo de 2026
Las principales autoridades de los claustros de la Unicen coincidieron en que atentar contra la educación pública es lesionar las condiciones de igualdad y el horizonte de desarrollo del país. Se definió a la universidad como un "instrumento de justicia social" y un recurso estratégico para la industria nacional, capaz de agregar valor y generar soberanía científica y tecnológica.
En una jornada marcada por la unidad de los distintos claustros y la adhesión de comunidad y algunas de sus organizaciones, la ciudad de Tandil fue escenario de una masiva movilización en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Bajo la consigna "Por la universidad pública y en defensa de la democracia", miles de ciudadanos marcharon para denunciar el crítico estado del sistema universitario y exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual lleva más de 200 días sin ser aplicada. Se estima que unas 5 mil personas se sumaron a la marcha que fue de menor a mayor con el correr de los minutos.
La columna de manifestantes comenzó a concentrarse en la intersección de las calles Rodríguez y Garibaldi en torno a las 17. Desde allí, la movilización inició su recorrido hacia el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen). A medida que avanzaba por las calles céntricas, la columna se fue engrosando con la participación de docentes, no docentes, investigadores, estudiantes, gremios y vecinos que se sumaron espontáneamente para expresar su apoyo a la educación pública.
El acto central tuvo lugar frente a un escenario montado en la emblemática esquina de Pinto y Chacabuco. Allí, en un clima de profunda emotividad, se dio lectura al documento nacional acordado por los principales gremios y federaciones universitarias, el cual fue replicado en diversas plazas de todo el país.
El diagnóstico de una crisis sin precedentes
Las palabras vertidas durante el acto reflejaron la gravedad de la situación actual. Según el documento leído, el sistema universitario nacional atraviesa un estado crítico debido a que el Gobierno Nacional incumple la regla constitucional básica de respetar las leyes sancionadas por el Congreso. Las cifras expuestas en el texto son alarmantes: las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema.
La crisis no solo afecta los edificios, sino fundamentalmente a las personas que los habitan. Se denunció una pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios del 37,13%, ubicándolos en su nivel más bajo de los últimos 23 años. Esta situación ha provocado renuncias de cuadros formados, crisis en las obras sociales y un deterioro generalizado de las condiciones de vida de los trabajadores del sector, quienes perciben los salarios más bajos del Estado nacional y de América Latina.
El vaciamiento de las políticas estudiantiles y científicas
Otro de los ejes centrales del reclamo en Tandil fue el desfinanciamiento de las becas y el sistema científico. El documento advirtió sobre el "profundo deterioro" de las Becas Progresar, que permanecen congeladas frente a una inflación galopante, y la incertidumbre que rodea a las Becas Manuel Belgrano. Asimismo, se hizo especial hincapié en la suspensión de las becas vinculadas a las vocaciones científicas (EVC), lo que pone en riesgo el recambio generacional en la investigación argentina.
Desde el escenario, se enfatizó que atentar contra la educación pública es lesionar las condiciones de igualdad y el horizonte de desarrollo del país. Se definió a la universidad como un "instrumento de justicia social" y un recurso estratégico para la industria nacional, capaz de agregar valor y generar soberanía científica y tecnológica.
Un llamado a la Justicia y a la defensa del contrato social
Uno de los momentos más tensos de la lectura fue la denuncia de una ruptura del acuerdo democrático de división de poderes. El texto acusó al Poder Ejecutivo de ignorar la Ley N° 27.795 y desoír fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe es el contrato social que nos mantiene libres", rezaba el documento.
En este sentido, se realizó un pedido explícito a la Corte Suprema de Justicia para que escuche el "clamor de las plazas" y garantice el financiamiento que por ley corresponde a las universidades.
La movilización en Tandil concluyó con un firme llamado a la acción ciudadana para evitar que docentes, estudiantes e investigadores sean expulsados del sistema. Con el grito final de "¡La universidad pública se defiende!", la comunidad tandilense reafirmó que la educación es el pilar fundamental para un futuro de prosperidad en la Argentina, cerrando una jornada de protesta que, al igual que en el resto del país, buscó proteger uno de los logros más valiosos de nuestra historia nacional
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