Debate. "El empleo pasa por el sistema económico, no por quitar derechos", dice Álvarez Villegas

Mientras el Gobierno Nacional ultima detalles del borrador de la nueva reforma laboral que se espera sea presentada ante el Congreso de la Nación, el abogado tandilense Sergio Álvarez Villegas, especialista en derecho laboral, se mostró escéptico sobre la capacidad de la normativa para generar más y mejor empleo formal.

El abogado, quien participó recientemente en un congreso sobre derecho laboral en Jujuy, afirmó que, si bien una reforma es "absolutamente necesaria" debido a que el mundo laboral ha cambiado y el derecho es dinámico, la versión impulsada actualmente por el Ejecutivo no cuenta con sustento estadístico para cumplir su principal promesa.

Álvarez Villegas fue categórico al desmentir la conexión entre la modificación del marco legal y el crecimiento de puestos de trabajo. Al referirse a quienes aseguran que reformar la Ley de Contrato de Trabajo traerá crecimiento del empleo, aseveró que "sin lugar a dudas que es una mentira".

El especialista respaldó su posición citando antecedentes históricos y recientes. Recordó que la Ley Nacional de Empleo de 1991 no modificó la situación del mercado. Más importante aún, se refirió a los resultados obtenidos por la Ley Bases (Ley 27742), que entró en vigencia en julio de 2024.

Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, la Ley Bases "evidentemente este objetivo del empleo no lo cumplió". El último informe de noviembre reveló una contracción en el empleo y un aumento de despidos al comparar septiembre de 2025 con septiembre de 2024, periodo de vigencia de la norma.

El empleo es economía, no legislación

Para Álvarez Villegas, la generación de empleo se basa en factores económicos, no en la reducción de derechos laborales. Explicó que el "costo laboral no pasa por la reforma el derecho del trabajo y por reducir o quitar derechos al trabajador".

El abogado sostuvo que la decisión de contratar personal responde a la necesidad del negocio, es decir, a la existencia de actividad económica y ventas. Enfatizó que en un contexto de baja actividad, por "más barato" que salga un trabajador, "así salga regalado", nadie va a contratar si no lo necesita.

Inseguridad Jurídica

En cuanto a medidas específicas, el especialista comentó:

· Jornada Laboral: La propuesta de 12 horas no buscaría modificar la jornada máxima legal de 8 horas, sino flexibilizar la distribución de horas en la semana para compensar después.

· Tope Indemnizatorio: Señaló que la idea de establecer un tope máximo (de cinco o seis salarios) en las indemnizaciones habría sido eliminada, volviendo al sistema tradicional de un mes de sueldo por año trabajado. Este sistema tradicional es respaldado por los abogados laboralistas.

· Vacaciones: La fragmentación de las vacaciones no sería una innovación real, ya que es algo que "está ocurriendo de hecho" en muchas empresas, beneficiando a algunos trabajadores mediante acuerdos.

Álvarez Villegas también alertó sobre las consecuencias de las reformas parciales previas que eliminaron las indemnizaciones tarifadas por trabajo no registrado. Esto generó inseguridad jurídica para trabajadores y empresarios por igual, obligando a los jueces laboralistas a recurrir a conceptos del derecho civil, como el daño moral, para reparar al trabajador por el daño generado.

La oportunidad de una reforma "integral en serio"

Álvarez Villegas concluyó que el Gobierno está perdiendo la oportunidad de encarar una reforma "integral en serio". Considera que el paquete que se está debatiendo es parcial y deja fuera temas cruciales para el progreso laboral. Entre ellos, mencionó la necesidad de actualizar las licencias, citando que la ley de 1974 otorga solo dos días de licencia al padre, una cifra desfasada de la realidad actual donde el padre participa en la responsabilidad familiar.

Finalmente, el especialista insistió en la urgencia de abordar el tema del riesgo de trabajo y las enfermedades laborales, una materia que definió como "un laberinto" que afecta a la salud y vida de los trabajadores, y de la cual "no se está hablando" en el proyecto actual.