12 de noviembre de 2025
Martín Zurita, Secretario Ejecutivo de AIEPBA, explicó que las instituciones con aporte estatal mantienen el esquema regulatorio y detalló por qué el cambio busca transparentar los aranceles en el sector no subvencionado.
Una noticia que comenzó a circular a nivel nacional generó gran confusión en la provincia de Buenos Aires respecto a la supuesta "liberación" de aumentos de cuotas para todos los colegios privados.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA (entidad que representa a instituciones de educación privada en la provincia), brindó claridad sobre el alcance del decreto que deroga la normativa de regulación de aranceles.
El 70% de las Escuelas Sigue Regulado
Zurita fue enfático al señalar que la modificación no afecta a las escuelas que reciben aporte estatal o subsidio provincial. "Sigue todo como hasta ahora, no hay ninguna modificación", afirmó.
El decreto derogado, vigente desde 1993, aplica únicamente a aquellas instituciones que no cuentan con subvención estatal.
Este grupo representa aproximadamente el 30% del total de las escuelas en el país. De las 14.000 escuelas que hay en Argentina, unas 10.000 tienen aporte del Estado. En la Provincia de Buenos Aires, de las casi 7.000 escuelas, más de 4.000 reciben dicho aporte.
El problema de la anticipación
AIEPBA venía solicitando desde hace años la derogación de esta antigua normativa. Zurita explicó que el decreto obligaba a las escuelas sin subvención a informar a los padres el valor de la cuota de marzo antes del 30 de septiembre (con siete meses de antelación).
Esta especulación forzada se volvió insostenible en un contexto económico de altos altibajos inflacionarios. Si bien estas escuelas siempre tuvieron la posibilidad de fijar el arancel libremente, la obligación de anticipar el costo generaba distorsiones:
Para cubrirse ante la inflación futura y la incapacidad de actualizar tarifas si los costos aumentaban, muchas instituciones anticipaban un valor "de más" para marzo. Esto se conoce como un "salto al vacío".
El problema es que una vez fijado el valor, solo podían aumentar si aumentaban los sueldos, y solo por la mitad de ese incremento (ejemplo: 4% de aumento salarial permitía 2% de aumento de cuota).
"Lo que se hace es transparentar," explicó Zurita. Con la nueva libertad, las escuelas podrán anunciar un valor "realista" en diciembre basado en su estructura de costos y trasladar el valor real de los aumentos salariales cuando estos ocurran, eliminando la necesidad de especular con meses de antelación.
Un ejemplo inmediato de esta transparencia se vio reflejado en una escuela que, tras la derogación del decreto, revisó la cuota de marzo y la bajó casi 15% respecto a lo que había anunciado un mes antes, ya que pudo cubrir solo la inflación real calculada hasta marzo y no un porcentaje especulativo.
La deuda de las escuelas subvencionadas
En cuanto a las escuelas que sí reciben subsidio (la mayoría), AIEPBA sigue manifestando una gran preocupación por su situación financiera.
Aunque en el año de la entrevista los sueldos y las cuotas aumentaron de manera pareja (alrededor del 27%, similar a la inflación), las instituciones nunca pudieron recuperar el rezago histórico. Específicamente, en 2023, estas escuelas quedaron casi 15 puntos por debajo y ese déficit se arrastra.
Además del control en los aranceles, el sector subvencionado se ve gravemente afectado por otros costos no recuperables:
Los servicios (luz, gas) se han encarecido de manera significativa, llegando a cuadriplicarse las facturas en un año. Las escuelas subvencionadas no pueden incluir este aumento en sus cuotas reguladas.
Esta presión reduce los márgenes hasta hacerlos negativos, complicando la inversión en tecnología o infraestructura edilicia.
Por otro lado, muchas escuelas, al estar "muy al límite" financiero y priorizando el pago completo del salario a los docentes (a pesar de que el gobierno solo autoriza un aumento menor de la cuota), acumulan una deuda grande con el Instituto de Previsión Social (IPS).
Zurita subrayó que la situación actual pone a muchas escuelas "al límite de sus ingresos y egresos," afectando la viabilidad de algunas instituciones.
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