11 de julio de 2025

Emergencia en discapacidad

Dra. Martí: "Si no se votaba, era una vergüenza"

Luego de la aprobación en el Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Dra. Gabriela Martí, abogada especializada y madre de un niño con discapacidad, celebró la votación como un acto de justicia, pero advirtió que la norma no resolverá el problema si no se acompaña con controles y cumplimiento real por parte de las obras sociales y el Estado.

"Lo que ocurrió ayer tiene que ver con el ejercicio pleno de la democracia. Si no se votaba, hubiese sido una vergüenza." Ahora tenemos la ley. Esperemos que el presidente no la vete, porque eso sería volver para atrás.", señaló la abogada en declaraciones por Radio Tandil.

Martí remarcó que la emergencia en discapacidad no es nueva: "Las personas con discapacidad están siempre en emergencia si no tienen una familia que las contenga."

Uno de los ejes del problema, según explicó, es el nomenclador nacional, que regula los valores de las prestaciones y no se actualiza desde hace tiempo: "El nomenclador no se toca desde 2024 y está bajísimo. Ningún prestador quiere trabajar con esos valores."

Pero incluso con ese bajo valor, las demoras en los pagos son crónicas: "Presentás papeles y la obra social tarda cinco meses en pagar, si es que lo hace. Y si no, hay que iniciar un juicio."

La abogada reveló una situación tan absurda como habitual: "Muchas veces, desde la misma obra social te dicen que inicies una acción judicial para poder acceder a la prestación." Hay instituciones que solo aceptan a un niño con discapacidad si tienen un amparo judicial."

"La gente cree que un amparo es solo un papel que firmás. Pero implica tiempo, pasos previos, movilización familiar y dinero."

Incluso si la ley se implementa, Martí advirtió sobre el riesgo de que las familias queden más expuestas: "Si se actualiza el nomenclador pero las obras sociales no pagan o demoran meses, las familias se endeudan cada vez más. Pueden terminar vendiendo los muebles de su casa para pagar."

Y subrayó la responsabilidad del Estado: "El Estado debe estar presente. En discapacidad no puede retirarse. Si las obras sociales no cumplen, hay que sancionarlas."

Contó, incluso, cómo logró medidas extremas para lograr que se cumplieran fallos judiciales:

"He llegado a pedir el embargo del sueldo del presidente de IOMA por falta de cumplimiento. Me lo autorizaron, y en 48 horas tenía las órdenes de pago."

"Cada vez que hay un atraso, me llaman para que no vuelva a pedir el embargo. Termino haciendo el trabajo administrativo que deberían hacer ellos."

La Dra. Martí concluyó con un llamado a la acción colectiva: "Esto no se resuelve solo con una ley. Hace falta compromiso, articulación y control. Si no, siempre va a faltar algo. Espero que las cosas empiecen a cambiar. Pero esto es tarea de todos: de la política y de los ciudadanos."

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