30 de junio de 2025
"Aquel que tiene una pensión no contributiva y no es persona con discapacidad, claramente no tiene que cobrarla, pero dejen tranquilos al colectivo, a las personas con discapacidad, porque no requieren solamente la pensión no contributiva, sino que requieren mucho más ayuda por parte del Estado de la que está recibiendo ahora", criticó Martí.
La abogada y especialista en temas de Discapacidad, Gabriela Martí, fijó su postura crítica respecto a la auditoría que el Gobierno Nacional está llevando a cabo sobre el colectivo de beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez. Martí enfatizó que estas revisiones, recurrentes con cada nuevo gobierno, estigmatizan innecesariamente a las personas con discapacidad.
Martí explicó que las pensiones no contributivas para personas con discapacidad no son un derecho, sino una "prerrogativa" que el Estado otorga cuando la persona es titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumple otros requisitos, como no tener un trabajo en blanco. Aclaró que si el Estado detecta que una persona está cobrando una pensión sin ser una persona con discapacidad, "claramente no tiene que cobrarla" y debe ser dada de baja.
Sin embargo, la especialista cuestionó con firmeza que las pensiones de este colectivo "tienen que volver a ser revisadas una y otra vez como si fuera un colectivo que está todo el tiempo estafando al Estado". Subrayó que si una persona ya posee un certificado de discapacidad, es porque previamente fue evaluada por una junta, por lo que esta nueva auditoría implica una "doble estigmatización" y un cuestionamiento constante sobre si realmente es "pasible de la cobertura".
Martí remarcó que estas pensiones "no sacan a las personas de la pobreza", dado que ni siquiera alcanzan el salario mínimo vital y móvil. Insistió en que toda persona que tiene una pensión no contributiva enfrenta "una situación muy compleja desde lo económico, desde lo social, desde la salud". En su opinión, si el objetivo es realizar un recorte de gastos, "hay otros lugares donde se debería poner el foco".
Finalmente, la abogada hizo un llamado contundente a "cambiar ese paradigma" de que las personas con discapacidad "lo único que pretenden es vivir gratis del Estado". Afirmó que las personas con discapacidad "deben ser ayudadas por el Estado" porque realmente la pasan mal, a veces no tanto por su discapacidad, sino por las problemáticas generadas por el propio Estado o la "no visibilización de la sociedad".
Concluyó enfatizando que el Estado "le debe un montón" a este colectivo, y sobre todo "respeto" y "empatía", que aún no les está brindando. Y remarcó: "Aquel que tiene una pensión no contributiva y no es persona con discapacidad, claramente no tiene que cobrarla, pero dejen tranquilos al colectivo, a las personas con discapacidad, porque no requieren solamente la pensión no contributiva, sino que requieren mucho más ayuda por parte del Estado de la que está recibiendo ahora".
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Datos extraidos de Casas de Hoy